La modificación del Reglamento General de Costas que está ultimando el Gobierno de España podría suponer «un expolio de facto de los establecimientos ubicados en la línea de costa, tanto hoteles como restaurantes, bares y otros negocios», según ha advertido la Mesa del Turismo.
Hasta ahora, el Ministerio para la Transición Ecológica defiende que «se hace prioritario progresar en la adaptación de la normativa de costas a la nueva realidad climática».
En otras palabras, el Gobierno prevé que debido al calentamiento global y la mayor frecuencia de grandes temporales será necesario modificar legalmente hasta donde llega el dominio público marítimo-terrestre, y en particular la ribera del mar. Esto significa también que muchas actividades económicas (asentadas desde hace décadas en ese dominio mediante concesiones administrativas) tendrían que irse una vez expiren los permisos.
Y es que la zona litoral donde convergen rocas, paseos marítimos, playas de arena, agua y olas es «especialmente sensible a la subida del nivel medio del mar vinculada al cambio climático», según recuerda el Ministerio.
De momento, el Gobierno ha llevado a cabo una «consulta pública previa» sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se modificaría un decreto anterior del año 2014, por el que se aprobó el Reglamento General de Costas. Y una vez redactado el borrador completo de la norma, también se someterá a información pública.
«El Reglamento General de Costas ha de completar y desarrollar la vigente legislación de costas con pleno sometimiento a la misma, así como al resto de la normativa vigente, en especial, a la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética», explica el Ministerio.
Es decir, el Reglamento General de Costas va a detallar ahora cómo se llevará a cabo la aplicación de las leyes anteriores sobre costas.
«Profunda inquietud en el sector turístico»
Así pues, la actualización del Reglamento General de Costas significa que dentro de poco comenzaría una cuenta atrás.
Según ha advertido la Mesa del Turismo, «la potencial modificación del Reglamento General de Costas, en los términos anunciados, está generando una profunda inquietud en el sector turístico español».
Y es que, según expone esta entidad a modo de ejemplo, «un hotel construido en la década de 1960, bajo los parámetros de la nueva ley, solo dispondría de 14 años más de operación antes de alcanzar el límite de 75 años que se pretende establecer».
«Desde la Mesa del Turismo de España observamos con enorme preocupación cómo el tratamiento de la propiedad en la Ley de Costas que se prepara no toma en consideración las serias repercusiones que habría para el turismo. Recordemos que este sector no solo es fuente de ingresos y prosperidad para cientos de empresas, sino que también da empleo a miles de trabajadores en todo el país. Cualquier legislación sobre la materia debe tener en cuenta esto», señala la entidad.
Desde la Mesa del Turismo también se denuncia que «la ausencia de referencia alguna al turismo respecto a la propiedad en la nueva ley es alarmante, especialmente si consideramos que se legalizaría de facto un expolio de los establecimientos ubicados en la línea de costa, tanto hoteles como restaurantes, bares y otros negocios».
«Esta situación no solo amenaza la viabilidad de las empresas existentes, sino que a largo plazo también pone en riesgo la sostenibilidad económica de numerosas poblaciones de la costa peninsular, así como de Baleares y Canarias, que dependen en gran medida del turismo», añade la entidad.
En este sentido, la Mesa del Turismo teme el cese de miles de actividades económicas, «lo que acarrearía la ruina de muchísimos municipios turísticos españoles».
Ante esta situación, la Mesa del Turismo propone «la creación de un comité de expertos que incluya también a representantes del sector turístico y, en particular, del subsector hotelero, para que se estudie en profundidad el impacto del cambio en la Ley de Costas».
«Es crucial que el Gobierno tome en consideración el juicio de los expertos y del sector afectado antes de tomar decisiones precipitadas que podrían tener consecuencias irreversibles y poner en jaque a un sector económico vital», concluye.
Alegaciones desde Baleares
Por su parte, el Govern de les Illes Balears ha presentado alegaciones a la reforma del Reglamento General de Costas que ajusta los límites de las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre.
«La administración autonómica considera que el proyecto de reforma, propuesto tras la anulación del Reglamento de Costas de 2022 por el Tribunal Supremo debido a la omisión de la consulta pública, no refleja adecuadamente los intereses y necesidades de la comunidad insular», expone el ejecutivo autonómico.
Por un lado, el Govern considera que la consulta pública previa llevada a cabo se ha realizado «sin facilitar a la ciudadanía el acceso a documentos claros y concisos y sin la información necesaria para una participación informada».
Además, la administración autonómica «cuestiona la necesidad de modificar el Reglamento General de Costas de 2014 por motivos relacionados con el cambio climático. Las preocupaciones que se pretenden abordar ya están contempladas en la Ley de Costas de 1988, su modificación de 2013, el propio reglamento de 2014, y en la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española de 2017».
En este sentido, «la reforma del Reglamento General de Costas presenta objetivos imprecisos e innecesarios, especialmente en la modulación y limitación de la duración de las concesiones, así como en la introducción de procedimientos de concurrencia competitiva sin justificación clara», afirma el Govern balear.
Y es que la propuesta del Ministerio «incluye el desarrollo reglamentario de definiciones legales que implican nuevos deslindes, incorporando terrenos colindantes al dominio público marítimo-terrestre de manera injusta e incluso, en algunos casos, ilegal. Las modificaciones sugeridas carecen de una necesidad demostrada y podrían violar principios de legalidad y coherencia normativa. Existen alternativas menos disruptivas para corregir errores, que permitirían abordar las preocupaciones sin alterar significativamente el marco regulatorio actual», sostiene el ejecutivo autonómico.
Por todo ello, «se deben explorar soluciones alternativas, tanto regulatorias como no regulatorias, a la modificación del reglamento. Estas medidas evitarían la eliminación de ocupaciones en el dominio público marítimo-terrestre, una acción que no reconoce el valor social y económico del litoral. Esta perspectiva es crucial, especialmente en una comunidad como las Illes Balears, con una geografía insular y un sector terciario predominante».
Fuente: www.hosteltur.com
