La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) expresó su creciente inquietud ante la inminente implementación del Real Decreto 933/2021, que establece nuevas obligaciones de registro documental para las reservas. Con su entrada en vigor prevista para el 1 de octubre, la patronal advirtió sobre los posibles efectos adversos que este decreto podría generar, debido a lo que consideran la imposibilidad de cumplimiento en el corto plazo.
Entre los principales problemas señalados por Cehat está la desventaja competitiva que las empresas turísticas españolas enfrentarían frente a sus competidores europeos. Según la confederación, mientras otros países de la Unión Europea no están sujetos a regulaciones similares, las compañías que operan en España se verán afectadas por la complejidad y sobrecarga administrativa que implica la nueva normativa.
La patronal también resaltó la falta de infraestructura tecnológica adecuada para cumplir con los requisitos de registro y comunicación, lo que genera incertidumbre jurídica y un aumento en los riesgos operativos y reputacionales para las empresas. Además, criticaron la falta de concreción en el Real Decreto, señalando vacíos legales y la falta de claridad, lo que incrementa la inseguridad jurídica.
El impacto de esta nueva normativa se sentiría con mayor intensidad en las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan el 95% del sector turístico en España. Cehat subrayó que las nuevas exigencias suponen una carga administrativa insostenible para muchas de estas empresas, las cuales podrían enfrentar elevados costos operativos y sanciones económicas si no cumplen con las obligaciones impuestas.
Ante esta situación, la patronal ha hecho un llamamiento a los ministerios de Turismo e Interior, así como a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, solicitando una revisión del decreto para ajustar su proporcionalidad y reducir la cantidad de datos requeridos. También piden un periodo más prolongado de adaptación tecnológica para las empresas afectadas.
En caso de no modificarse el Real Decreto, los hoteleros advirtieron que muchas empresas no podrán cumplir con los requisitos, lo que afectaría la calidad y fiabilidad de los datos disponibles para los cuerpos de seguridad, vitales en la lucha contra delitos y el terrorismo.
