El Gobierno nacional publicó este miércoles el Decreto 873/2024 en el que se declara a Aerolíneas Argentinas «sujeta a privatización». Esta medida se da en el contexto de los conflictos gremiales que afectan a la aerolínea, los cuales generaron cancelaciones y demoras en vuelos debido a paros y asambleas de sindicatos que reclaman mejoras salariales.
El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, argumentando que la compañía, desde su reestatización en 2008, operó con un déficit crónico. Según el Gobierno, la privatización permitiría que Aerolíneas opere bajo criterios de «eficiencia comercial» y en un marco de «competencia en igualdad de condiciones» con otras aerolíneas, fomentando el desarrollo del sector.
La privatización se llevaría a cabo en base a la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, cuyo artículo 9° establece que la declaración de una entidad «sujeta a privatización» debe ser aprobada por ley del Congreso. En este sentido, el Gobierno solicitó que el proyecto se trate con prioridad en el ámbito legislativo.
El conflicto gremial en Aerolíneas Argentinas, que se intensificó en las últimas semanas, fue una de las principales razones que impulsaron esta medida. Los sindicatos reclaman mejoras salariales y condiciones laborales, mientras que el Gobierno busca reducir el déficit de la empresa y mejorar su competitividad.
La privatización de Aerolíneas ya había sido discutida en el Congreso este año, como parte de la Ley Bases, pero no se logró consenso suficiente para avanzar. Sin embargo, el decreto de este miércoles marca el primer paso oficial hacia ese objetivo. Además, la medida se enmarca en un plan más amplio de desregulación estatal iniciado con el Decreto 70/2023, liderado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, que busca reformar el sistema de transporte nacional, con especial énfasis en el sector aéreo.
El futuro de Aerolíneas Argentinas queda ahora en manos del Congreso, mientras el país se polariza ante la posibilidad de que su aerolínea de bandera pase a manos privadas. Mientras el Gobierno defiende la medida como una solución al déficit crónico, los gremios y sectores de la oposición denuncian un intento de desmantelar uno de los símbolos más emblemáticos de la soberanía nacional. La pregunta clave es si la privatización pondrá fin a los problemas de la compañía o si será el comienzo de un conflicto aún mayor en el país.
