La medida del gobierno argentino fue oficializada en el Boletín Oficial. El objetivo es «la liberalización, modernización y desregulación del transporte automotor de pasajeros y su adaptación a la dinámica de transporte actual» aseguraron.
El gobierno de Javier Milei anunció una profunda desregulación en el sector del transporte de pasajeros de media y larga distancia, en un intento por promover mayor competencia y bajar los costos de los servicios. Esta medida forma parte de la agenda económica liberal impulsada por el presidente Milei desde su asunción.
Los cambios principales incluyen:
Eliminación de la regulación tarifaria: las empresas que operan rutas de media y larga distancia podrán fijar sus propias tarifas, sin intervención estatal. Esta medida busca generar una mayor competencia entre compañías y beneficiar a los pasajeros con precios más bajos.
Fin de los subsidios: el gobierno eliminó los subsidios al transporte de media y larga distancia. Esto afectará tanto a las empresas de colectivos como a las ferroviarias, que hasta ahora recibían fondos para mantener tarifas accesibles. Se espera que este ajuste genere una fuerte reestructuración en el sector, y que algunas empresas pequeñas o menos competitivas enfrenten dificultades.
Ingreso irrestricto de nuevos operadores: las barreras legales que limitaban la entrada de nuevas empresas al sector fueron removidas, permitiendo que tanto compañías locales como extranjeras ingresen al mercado argentino sin mayores trabas administrativas.
Libre disposición de rutas: las empresas de transporte ahora podrán solicitar nuevas rutas y frecuencias sin las restricciones que imponía el Estado. Además, podrán modificar sus itinerarios en función de la demanda, lo que podría traer cambios en la oferta de servicios en zonas más alejadas o con menos demanda.
Regulación laboral flexibilizada: en línea con las reformas estructurales del mercado laboral, la desregulación también afectará a los empleados del sector. Las empresas tendrán mayor flexibilidad para contratar y despedir personal, y la negociación salarial pasará a ser mayormente entre las partes sin intervención de los sindicatos ni del Estado.
La desregulación generó un fuerte debate entre los sectores involucrados. Mientras que desde el gobierno sostienen que esta liberalización fomentará una mayor competitividad y beneficiará al usuario final, distintos gremios y especialistas advierten que podría producir una concentración del mercado en pocas manos, afectando la calidad del servicio en ciertas rutas menos rentables.
Muchos critican que la quita de subsidios, combinada con la eliminación de controles tarifarios, podría disparar los precios de los pasajes, haciendo que viajar en colectivo o tren sea un lujo inalcanzable para gran parte de la población. Incluso, hay temor de que empresas extranjeras dominen el mercado, dejando a los operadores nacionales en desventaja.
Mientras tanto, el gobierno avanza con su plan, sin dar marcha atrás. Como fue el caso con otras medidas polémicas, los críticos afirman que esta reforma pone en juego la accesibilidad del transporte, como así también la conectividad de los argentinos, que podría quedar sujeta a las leyes del mercado sin un Estado que intervenga para proteger a los sectores más vulnerables.
