La Cámara de Diputados de México aprobó una reforma que pone fin a la exención del pago de derechos migratorios para turistas extranjeros que arriban al país a través de cruceros internacionales. Esta medida forma parte de la Ley Federal de Derechos 2025 y busca reforzar el control migratorio y aumentar la recaudación fiscal.
Por años, los cruceristas que no pernoctaban en el país o lo hacían por lapsos cortos estaban exentos de este pago. Sin embargo, con la eliminación del beneficio, todos los pasajeros extranjeros deberán abonar el derecho por el documento migratorio, independientemente del tiempo que permanezcan en territorio mexicano.
Impacto en la industria de cruceros
El cambio podría tener implicaciones significativas para destinos como Cozumel, que dependen en gran medida del turismo marítimo. Según datos de la Secretaría de Marina (Semar), más de 7 millones de cruceristas visitaron México este año, generando un impacto económico crucial para las comunidades portuarias.
Aunque aún no se confirmó cómo reaccionarán las empresas navieras, existe la posibilidad de ajustes en itinerarios o incluso una reducción en las escalas, lo que afectaría el flujo turístico y las economías locales.
Redirección de ingresos
La reforma también incluye un cambio en la distribución de los ingresos. El 67 % del Derecho de No Residente (DNR), que anteriormente se destinaba a la promoción turística, ahora será asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional. El resto se integrará a la Tesorería de la Federación como recursos no etiquetados.
En el caso de aeropuertos privados, el 9 % de sus ingresos brutos será destinado a las Fuerzas Armadas, con un 60 % para el Ejército y un 40 % para la Marina, quienes desempeñan labores de control en estas instalaciones.
Un presupuesto histórico
La Ley de Ingresos 2025, que acompaña esta reforma, proyecta ingresos récord de 9.3 billones de pesos, equivalentes al 15 % del PIB. De este total, 5.3 billones provendrán de impuestos y 1.24 billones de financiamiento.
Si bien el gobierno considera estas medidas como parte de una estrategia de finanzas responsables, el impacto en el turismo marítimo sigue siendo incierto y dependerá de la ratificación por parte del Senado y la reacción de la industria de cruceros.
Con esta decisión, México prioriza objetivos fiscales y de seguridad, enfrentando el desafío de equilibrar el control migratorio con el sostenimiento de su atractivo como destino turístico.
