El Senado de la República de México aprobó la nueva Ley Federal de Derechos, que incluye un impuesto de 42 dólares a los cruceristas que lleguen al país. Esta medida, respaldada por los senadores de Morena Gino Segura y Anahí González, generó controversia, especialmente en Quintana Roo, donde la panista Mayulí Martínez votó en contra.
La ley fue aprobada con 80 votos a favor y 37 en contra y tiene como objetivo mejorar el control migratorio y aumentar la recaudación. Sin embargo, se teme que este cobro pueda afectar negativamente a destinos turísticos clave como Cozumel, Mahahual, Progreso, Puerto Vallarta, La Paz y Los Cabos.
Empresarios turísticos expresaron su preocupación, ya que consideran que el aumento de costos podría disuadir a los visitantes y afectar las economías locales dependientes del turismo. Luis Donaldo Colosio, senador de Movimiento Ciudadano, advirtió sobre el impacto negativo en el turismo, que representa el 40% del PIB de Quintana Roo, y cuestionó el destino de los recursos, que en su mayoría se destinarán al Tren Maya.
La Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA), que agrupa a empresas como Carnival, MSC, Royal Caribbean y Norwegian Cruises, también ha solicitado la eliminación de este impuesto, temiendo que afecte la competitividad de México como destino turístico.
