La próxima campaña electoral en España tendrá a la política de vivienda como uno de sus temas principales, con el foco puesto en la regulación de los alquileres turísticos. Las medidas anunciadas recientemente por el PSOE y la respuesta de Airbnb revelan enfoques contrapuestos para afrontar esta problemática.
El plan del PSOE: regulación estricta y medidas fiscales
Durante su 41° Congreso Federal, el PSOE presentó una serie de medidas para regular el mercado inmobiliario y combatir las viviendas turísticas ilegales. Entre los principales objetivos del partido para 2030 se encuentran:
- Eliminar las viviendas turísticas ilegales y aumentar los impuestos a las legales.
- Imponer un impuesto progresivo a partir de la tercera vivienda.
- Aumentar el parque público de viviendas hasta un 6% del total.
- Rehabilitar 1,5 millones de viviendas en la próxima década.
Además, el PSOE propone nuevos marcos regulatorios que permitirán a los ayuntamientos definir “zonas tensionadas” donde se prohíba la conversión de viviendas residenciales en alojamientos turísticos. También se reforzarán los servicios de inspección y se creará un registro europeo de transparencia para inversiones inmobiliarias internacionales.
Airbnb: impacto mínimo en el mercado de vivienda
Por su parte, Airbnb presentó un estudio elaborado por PwC, afirmando que el alquiler de corta duración tiene un impacto mínimo en el precio y la disponibilidad de vivienda en España. Según el informe, solo el 0,3% del incremento de precios en los últimos cinco años se debe a estos alquileres.
Airbnb defiende que las restricciones excesivas, como las aplicadas en Madrid, Barcelona, Nueva York o Edimburgo, no lograron devolver viviendas al mercado residencial. En cambio, redujeron las opciones de alojamiento, aumentando la demanda hotelera y encareciendo los precios.
Las propuestas de Airbnb
La plataforma sugirió a las administraciones españolas aplicar cuatro principios regulatorios para los alquileres turísticos:
- Normativas proporcionadas y justificadas, aplicables solo en zonas con una necesidad demostrada.
- Un sistema de registro sencillo y armonizado a nivel nacional.
- Diferenciar entre alquileres ocasionales y profesionales para no penalizar a las familias que alquilan esporádicamente.
- Fomentar el turismo en áreas rurales para diversificar los destinos y beneficiar a las comunidades locales.
Un debate abierto y polarizado
Mientras el PSOE busca limitar y fiscalizar el alquiler turístico para proteger el acceso a la vivienda, Airbnb advierte que estas restricciones pueden perjudicar a familias, emprendedores y al sector turístico. El desenlace de este debate marcará el rumbo de las políticas de vivienda en los próximos años y será clave en la próxima contienda electoral.
