El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España inició una investigación dirigida a grandes empresas que administran pisos turísticos en varias comunidades autónomas por presuntas «prácticas engañosas» e infracciones a la normativa de defensa de los consumidores. La investigación, liderada por el ministro Pablo Bustinduy, busca identificar irregularidades en la gestión de alquileres vacacionales, incluyendo operaciones realizadas con licencia pero que podrían infringir la ley por su metodología.
El Ministerio señaló que se analizarán posibles casos de información falsa o engañosa en los anuncios de alquileres vacacionales. Según la Ley de Competencia Desleal, las prácticas engañosas incluyen conductas que presenten información falsa o que, aun siendo veraz, puedan inducir a error a los consumidores, alterando su comportamiento económico. Ejemplos incluyen: Presentarse como un particular cuando en realidad se actúa como una empresa. Ofrecer inmuebles como turísticos sin contar con las licencias adecuadas.
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Bustinduy subrayó la necesidad de examinar cómo estas empresas publicitan y gestionan sus propiedades, destacando que algunas plataformas podrían estar promoviendo viviendas como enclaves turísticos sin cumplir con los requisitos legales.
Comisiones y contratos irregulares
Además, la Dirección General de Consumo investigó casos donde agencias inmobiliarias habrían aplicado prácticas abusivas contra inquilinos. Estas incluyen: Cobros injustificados de comisiones de gestión. Uso de contratos temporales sin justificación legal. Inclusión de cláusulas que contravienen la normativa vigente.
En este sentido, el Ministerio expresó preocupación por el impacto que estas prácticas tienen en el acceso a la vivienda, especialmente en zonas con alta demanda turística, donde el auge de los alquileres vacacionales incrementó la presión sobre los precios y la disponibilidad de vivienda habitual.
Propuesta fiscal y marco regulatorio
El ministro también abogó por incluir en los próximos presupuestos medidas más estrictas para regular el mercado de pisos turísticos. Entre las propuestas se encuentra la aplicación de un IVA del 21%, equipándose al sector hotelero, medida que fue excluida del último paquete fiscal aprobado.
Bustinduy destacó que estas acciones son parte de un esfuerzo mayor para proteger a los consumidores, garantizar la transparencia y abordar las tensiones en el mercado de la vivienda causadas por el turismo.
Implicaciones para el sector
Esta investigación podría marcar un punto de inflexión en la regulación del alquiler vacacional en España, un sector en rápido crecimiento que ha generado tanto beneficios económicos como desafíos sociales. A medida que el ministerio avanza en sus indagaciones, las empresas implicadas podrían enfrentar sanciones significativas si se confirman las irregularidades.
Con esta medida, el Gobierno busca no solo proteger los derechos de los consumidores, sino también equilibrar las condiciones de competencia en el sector turístico y mitigar el impacto del turismo masivo en las comunidades locales.
