Carlos Abella, secretario General de la Mesa del Turismo de España, dialogó con Tres60.Travel sobre la polémica medida implementada recientemente por el Gobierno español respecto al Registro de Viajeros, una normativa que, según explicó, generó amplias preocupaciones en el sector turístico.
En primer lugar, Abella detalló el alcance de la medida: “Esto es un real decreto que ha sacado el gobierno recientemente a través del Ministerio del Interior y no solamente afecta a los visitantes extranjeros, sino también a los propios españoles que se mueven por España. Es decir, a cualquier persona que vaya a registrarse en un alojamiento, sea del tipo que sea: un hotel, un hostal, una casa rural, un camping, incluso un aparcamiento de autocaravanas, etcétera. Es decir, cualquier tipo de alojamiento o cualquier persona que vaya a reservar un vehículo de alquiler”, indicó.
Sobre los argumentos del Ministerio del Interior y la colaboración del sector turístico en garantizar la seguridad, afirmó: “El argumento, evidentemente, viene del Ministerio del Interior, cuya filosofía compartimos y con quien siempre hemos colaborado, ya que, al final, el objetivo es garantizar un poco más de seguridad y luchar contra el terrorismo, evitando o tratando de localizar a posibles personas que puedan tener intención de delinquir en nuestro país. Y esto, como digo, es algo en lo que el sector turístico ha venido colaborando con el gobierno desde siempre”.
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Sin embargo, Abella recordó que la obligación de registrar a los clientes no es algo nuevo y se remonta a décadas atrás: “Creo que la ley que ya recogía la obligatoriedad por parte de los alojamientos de registrar los datos de los clientes existe desde el año 1959, si no me equivoco. Por ponerles un ejemplo, empecé hace 42 años en este sector trabajando en un hotel, y ya rellenábamos las fichas de policía a mano y las llevábamos diariamente a la comisaría”.
El secretario General subrayó que el problema principal radica en el exceso de datos exigidos por el nuevo reglamento: “El objetivo, como digo, es que las autoridades, y sobre todo la policía, dispongan de los datos de los clientes. Ahora bien, ¿dónde está el problema? El problema viene con este nuevo reglamento, que primero establece una cantidad desmesurada de datos que debemos recoger, obligando al sector a recopilar una cantidad de información excesiva. Para que se hagan una idea, pasamos de, en la actualidad, simplemente escanear el documento nacional de identidad en el caso de ciudadanos españoles, o en el caso de ciudadanos extranjeros, escanear esa información y enviarla a la policía para que tengan un registro continuo de los clientes alojados. Ahora, nos piden 42 datos para el alojamiento y, en el caso de los alquileres de coches, hasta 65 datos”, manifestó con sorpresa.
Profundizando en el tipo de información que ahora se exige, explicó con detalle: “Ya no solo nos solicitan los datos que figuran en un documento oficial, como el número de DNI o pasaporte, nombre, apellidos, localidad, domicilio, etc., sino que también estamos obligados a pedir el domicilio real, comprobar que el que figura en el documento oficial es correcto, el número de teléfono fijo, el número de teléfono móvil, el correo electrónico, los datos de su cuenta bancaria, el IBAN de su cuenta bancaria en caso de que paguen por transferencia, y los datos de su tarjeta de crédito en caso de que paguen con tarjeta. Cuando hablo de datos, me refiero a toda la numeración de la tarjeta de crédito, el nombre del titular y la fecha de caducidad. Y si viajan acompañados, debemos recoger el mismo número de datos para cada acompañante”.
Abella también destacó una situación preocupante relacionada con los menores y el alquiler de vehículos: “En caso de que los acompañantes sean menores de 14 años, también se debe registrar el grado de parentesco. Podría seguir enumerando muchos más datos, o, por ponerles algún ejemplo, en el caso de los alquileres de coches, cuando se realiza la reserva, se exige incluso identificar el modelo de coche que se entregará al cliente, el número de matrícula, el color, etc”.
Con tono crítico, señaló las contradicciones de esta medida: “Esto en primer lugar, es absurdo. Lo consideramos un sinsentido, y esto por una razón básica, que creo que es de puro sentido común. Es decir, los datos que solicitamos se los vamos a preguntar al cliente. Cuando le pregunte su número de teléfono o su número de cuenta, tengo que confiar en lo que me diga. No tengo manera de contrastar si los datos que me está dando son correctos”.
Y añadió el impacto que esto tiene en las operaciones diarias: «¿De qué sirven unos datos que no se pueden contrastar con un documento oficial? El primer problema es la carga de trabajo adicional que supone, tanto para los turistas en los hoteles como para las personas que realizan reservas en agencias de viajes o en empresas de alquileres. Es una carga de trabajo desmesurada con datos que no aportan nada”.
Siguiendo esta línea, cuestionó la finalidad de imponer a las empresas responsabilidades que no les corresponden: «¿Por qué nos obligan a actuar como policías y a realizar este trabajo enorme de recopilar todos esos datos, cuando primero, pueden cambiar; segundo, no son contrastables; y tercero, afectan directamente al cliente?”.
Al referirse a los riesgos de la gestión de datos tan sensibles, remarcó: “La obligación de guardar estos datos durante 3 años, cuando estas empresas no tienen sistemas de seguridad adecuados, es muy preocupante. Sobre todo, considerando que la ciberdelincuencia avanza cada vez más y lo que más buscan es acceder a los datos de los clientes”.
Finalmente, Abella advirtió sobre el posible impacto en la competitividad del turismo español debido a las demandas desproporcionadas del reglamento: “Esto podría traducirse en una pérdida de competitividad significativa para el principal sector económico de nuestro país, que genera el 13,4 % del PIB de forma directa y un 8 % de manera indirecta”.
