El Ayuntamiento de Valencia aprobó el borrador de una nueva normativa que limitará la proliferación de alojamientos turísticos en la ciudad. Esta nueva regulación sólo permitirá que el 2% de las viviendas de cada barrio se destinen a este tipo de uso, una medida que busca preservar el carácter residencial y evitar la saturación de ciertas áreas que experimentaron un notable aumento de la presión turística en los últimos años. La normativa introduce hasta cinco mecanismos restrictivos que también serán aplicables a la ciudad de Granada, donde el Ayuntamiento aprobó un plan similar para limitar la expansión de las viviendas turísticas en sus barrios más afectados.
Valencia: nueva normativa para proteger el uso residencial
La nueva normativa propuesta en Valencia fue defendida por el concejal de Urbanismo, Juan Giner, quien aseguró que esta será la regulación más restrictiva de España en lo que respecta a los alojamientos turísticos. Según Giner, la medida tiene como objetivo garantizar que el 98% de los inmuebles de la ciudad sigan siendo de uso residencial y comercial, preservando la calidad de vida de los vecinos y evitando la transformación de barrios enteros en zonas dedicadas exclusivamente al turismo.
Entre las restricciones más destacadas, se incluye la prohibición de destinar un piso a apartamento turístico en una comunidad de vecinos si la comunidad se opone a ello y lo registró en sus estatutos. Además, los bajos comerciales tampoco podrán ser utilizados con fines turísticos si la comunidad vecinal lo rechaza. Otra limitación clave establece que en los barrios donde el número de plazas turísticas (hoteles y apartamentos) supere el 8% en relación con la población empadronada, se prohibirá la creación de nuevas plazas turísticas.
El concejal destacó que, en comparación con la normativa anterior, que sólo limitaba el 10% en el barrio del Cabanyal, la nueva medida abarca toda la ciudad, garantizando un equilibrio en la distribución de alojamientos turísticos.
Granada toma medidas para controlar la saturación turística
Por su parte, el Ayuntamiento de Granada también aprobó un plan para limitar las licencias de viviendas turísticas en aquellos barrios donde la presión turística residencial (PTRR) haya alcanzado el 10% o más, una cifra que, según los estudios realizados, ya se supera en barrios emblemáticos como el Albaicín, el Centro-Sagrario, Fígares y Realejo-San Matías, donde algunos llegan a alcanzar porcentajes del 24%.
Enrique Catalina, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, explicó que este plan se apoya en un informe encargado por el equipo de la alcaldesa Marifrán Carazo, que calcula la presión turística en cada barrio. La medida paraliza las nuevas concesiones de licencias en los barrios más saturados, con el fin de evitar un mayor desequilibrio en el uso residencial.
La nueva normativa de Valencia establece hasta cinco «candados limitaciones» para frenar la expansión descontrolada de los alojamientos turísticos. Además de la limitación del 2% de viviendas turísticas por barrio, se prohíbe la creación de nuevas plazas turísticas en los distritos que superen el 8% de plazas turísticas en relación con la población residente.
Otro de los puntos clave es la restricción en los usos comerciales de los bajos, ya que solo un 15% de los locales de una manzana podrá ser destinado a viviendas turísticas, mientras que el 85% restante deberá ser destinado a otros usos, como oficinas, restaurantes o comercios de servicios esenciales como farmacias o peluquerías.
Estas medidas se aplicarán en todos los barrios de la ciudad, excepto en Ciutat Vella, que tiene una regulación especial aprobada por el gobierno actual. La iniciativa busca evitar la transformación de zonas residenciales en destinos turísticos masivos, garantizando que los vecinos mantengan su derecho a vivir en un entorno tranquilo y sin la presión de la actividad turística excesiva.
El endurecimiento de las normativas en Valencia y Granada refleja la creciente preocupación por los efectos del turismo masivo en los barrios residenciales. Mientras que los defensores de las medidas argumentan que es necesario proteger la calidad de vida de los residentes y preservar el carácter de los barrios históricos, el sector turístico se ha mostrado preocupado por las restricciones que podrían afectar a la rentabilidad de las inversiones en viviendas turísticas.
Los críticos señalan que estas medidas podrían desincentivar la inversión en la rehabilitación de viviendas en zonas turísticas y que, en algunos casos, podrían favorecer a grandes fondos de inversión que se beneficiarán de una mayor concentración de alojamientos turísticos en manos de unos pocos, mientras que los pequeños propietarios podrían verse perjudicados.
