Airbnb ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para eliminar de su plataforma todos los anuncios de viviendas turísticas que no cuenten con el código de registro obligatorio. Esta medida responde al nuevo Registro Estatal de Viviendas de Uso Turístico, en vigor desde el 1 de julio, que arrancó con solo la mitad de los inmuebles inscritos.
El compromiso de la plataforma incluye la retirada de anuncios con irregularidades y el envío mensual de información actualizada sobre los alojamientos publicados, incluyendo los números de registro estatal y autonómico correspondientes. Los anfitriones serán notificados previamente para corregir posibles errores, salvo en los casos en que se haya revocado el número de registro, lo que conllevará una retirada automática en 48 horas.
Este registro busca combatir el fraude y la proliferación de alojamientos ilegales en un contexto de grave crisis de vivienda en España, caracterizada por la escasez de oferta y el aumento de precios, especialmente en las grandes ciudades y zonas turísticas.
Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña concentran más de la mitad del total de pisos turísticos del país —más de 216.000 del total estimado de 381.837—, siendo Málaga la provincia con más unidades registradas, cerca de 50.000.
