El Gobierno de Canarias y la plataforma Airbnb avanzan en la regularización del alquiler vacacional. Gracias al Memorándum de Entendimiento (MoU) firmado el pasado 9 de abril, ya se han retirado de la web más de 10.000 anuncios que incumplían la normativa vigente.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, celebró que situaciones extremas que un año atrás llenaban titulares —como tiendas de campaña en azoteas, minicampings en locales comerciales o furgonetas camperizadas— ya no figuran en la plataforma. “Y pronto desaparecerán también de otras con las que seguimos dialogando”, aseguró.
Desde Airbnb, su directora de Políticas Públicas para España y Portugal, Sara Rodríguez, destacó que la colaboración marca “un nuevo capítulo” en las islas, basado en la calidad, el crecimiento sostenible y la cooperación. La empresa informó a todos los anfitriones de la obligación de registrarse y brindó asistencia mediante notificaciones y recursos de apoyo.
Próximos pasos: viviendas sin registro
El siguiente desafío es abordar aquellas viviendas que aún carecen de registro autonómico o estatal. De León advirtió que, aunque el decreto de ventanilla única es una herramienta útil, todavía falta información precisa sobre los propietarios y las causas de irregularidad. Algunas deficiencias, dijo, podrán subsanarse sin sanción, pero otras responden a casos “manifiestamente ilegales” que deberán clausurarse.
El Ejecutivo autonómico mantiene una hoja de ruta que combina medidas legislativas, inspecciones, sanciones y la colaboración con plataformas digitales. Entre ellas se incluye el proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, actualmente en trámite parlamentario.
Control más estricto y sostenibilidad
Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, adelantó que la futura ley permitirá desplegar planes de vigilancia más amplios, en coordinación con la Policía Autonómica y los registros de la propiedad.
“El objetivo es claro: afrontar con seriedad un problema que ha desequilibrado el modelo turístico de Canarias. Ya vemos efectos a corto plazo, en el medio se consolidarán y a largo plazo construiremos una política sostenible”, afirmó.
De León concluyó recordando que el cumplimiento de la normativa no es opcional:
“La legalidad es la base de la convivencia, de la prosperidad y de la sostenibilidad de nuestro territorio”.
