La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) expresó su firme oposición a la implantación de la denominada “tasa turística” en Andalucía, al considerar que supondría un golpe a la competitividad del sector y a la economía local. La patronal advierte que este tributo “es en realidad un impuesto” sin retorno directo para la industria turística ni garantía de mejorar la oferta de viviendas.
El presidente de Aehcos, José Luque, recordó que la aplicación de nuevos gravámenes impactaría en la inflación general al encarecer la estancia hotelera. “El incremento de costes terminaría trasladándose al IPC y afectando a la economía del conjunto de la sociedad”, señaló. Además, criticó que experiencias similares en Baleares y Cataluña demostraron que los fondos no se destinaron al turismo, sino a tapar déficits de otros servicios públicos.
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Aehcos, Javier Hernández, destacó que antes de adoptar una decisión de tal magnitud deberían evaluarse los efectos en la demanda, el empleo, la equidad fiscal y la satisfacción de los visitantes, así como la desventaja competitiva respecto a otros destinos. “No se han analizado las consecuencias de cargar sobrecostes a la mayor industria de la provincia”, afirmó.
La patronal advierte que el nuevo impuesto afectaría tanto a turistas internacionales como a andaluces y malagueños que vacacionen en la región. Según cálculos de Aehcos, una familia de cuatro personas alojada dos noches en Málaga tendría que asumir un incremento del 7% al 18% en el precio de su estancia. “Esto deterioraría la imagen hospitalaria del destino y frenaría la fidelización de visitantes”, aseguraron.
En 2024, Málaga recibió 14,47 millones de viajeros que generaron un impacto económico de más de 21.223 millones de euros, un 10,9% más que el año anterior. En el conjunto de Andalucía, el turismo representa cerca del 12% del PIB y el 12,5% del empleo, con más de 400.000 trabajadores vinculados al sector.
Ante este panorama, Aehcos propone alternativas como subvenciones estatales o fondos europeos para financiar a los municipios turísticos, así como la puesta en marcha de programas específicos de sostenibilidad y gestión inteligente de flujos. “La solución no puede pasar por gravar al visitante”, concluyó Luque.
