La Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra España al considerar que la normativa española que impide a las aerolíneas cobrar por el equipaje de mano contraviene la legislación comunitaria. Según Bruselas, la legislación europea permite que las aerolíneas tengan libertad para fijar precios, incluso en servicios adicionales como el transporte de equipaje que exceda ciertos límites razonables de peso y dimensiones.
España había sancionado a cinco compañías aéreas por aplicar cargos por el equipaje de mano, incluyendo a Ryanair, que recibió una multa de 107 millones de euros. La Comisión considera que esta medida restringe la libertad de las aerolíneas para diferenciar entre servicios básicos y servicios que incluyen mayores beneficios para el pasajero.
El procedimiento implica que España tiene dos meses para responder y adaptar su normativa; de no hacerlo, la Comisión Europea podría emitir un dictamen motivado, segundo paso en el proceso de infracción. Este conflicto surge en un contexto de tensiones entre las autoridades españolas y la aerolínea Ryanair, cuyo CEO, Michael O’Leary, había protagonizado declaraciones públicas contra el ministro español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
Este expediente marca un precedente en la regulación del sector aéreo, destacando la necesidad de armonizar las políticas nacionales con las normas europeas y de garantizar que las aerolíneas puedan operar con flexibilidad comercial sin afectar los derechos de los pasajeros.
