El Parlamento de Canarias aprobó la nueva ley que regulará las viviendas vacacionales en el archipiélago, con el objetivo de frenar su expansión descontrolada, evitar la gentrificación y garantizar el acceso a la vivienda para los residentes. La norma fue aprobada sin el apoyo del PSOE, Nueva Canarias (NC) ni Vox, que cuestionaron su orientación y la falta de consenso.
La ley define que el uso turístico de una vivienda es una actividad económica, y solo podrá autorizarse si el planeamiento urbanístico municipal lo permite. Los ayuntamientos serán los encargados de decidir en qué zonas se podrán instalar estas viviendas, siguiendo criterios de sostenibilidad, equilibrio territorial y capacidad de carga.
El texto dispone que al menos el 80% del suelo residencial se destine a vivienda habitual, porcentaje que sube al 90% en zonas turísticas o con alta presión inmobiliaria. En las llamadas islas verdes —La Palma, La Gomera y El Hierro— se permitirá cierta flexibilidad para estimular el desarrollo local.
La norma prohíbe el uso turístico en viviendas protegidas, suelos rústicos o áreas naturales, e impone una antigüedad mínima para evitar la construcción de propiedades nuevas destinadas al turismo. En los mercados tensionados, donde los precios se han disparado, quedará suspendida la concesión de nuevas licencias.
La consejera de Turismo, Jessica de León (PP), reconoció la complejidad del proceso, pero defendió que el texto “protege el interés general frente al crecimiento sin control”. Los partidos del Ejecutivo —Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Herreña Independiente y Agrupación Socialista Gomera— celebraron que la ley establezca límites razonables para que el turismo residencial no desplace a los residentes.
Desde la oposición, PSOE y Nueva Canarias lamentaron la falta de diálogo y criticaron que no se suspendieran las licencias durante la tramitación, lo que, según el socialista Gustavo Santana, permitió sumar 32.000 nuevas viviendas en apenas 20 meses. Esther González (NC) aseguró que la norma “favorece a los grandes empresarios y perjudica a los pequeños propietarios”.
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) denunció que la medida provocará la expulsión de miles de propietarios del mercado, mientras que el Gobierno insiste en que “la ley no prohíbe, sino que ordena”.
Desde el sector hotelero, Jorge Marichal, presidente de Ashotel, defendió la norma al señalar que “regular no es prohibir, es poner límites para que vivir en Canarias no sea un privilegio”. Y concluyó: “Si seguimos confundiendo el negocio con el derecho, llegará el día en que los canarios solo podrán disfrutar de su tierra… como turistas.”
