El viceconsejero Octavio Caraballo reiteró ante la Comisión de Islas de la UE la urgencia de actualizar las políticas comunitarias para territorios insulares, con especial énfasis en vivienda. Advirtió que la compra de propiedades por no residentes y el auge del alquiler vacacional presionan los precios y reducen la oferta para residentes. Canarias insiste en limitar adquisiciones de vivienda a extranjeros para garantizar el derecho a un hogar digno. También reclamó que la Estrategia de Turismo Sostenible incorpore de forma prioritaria la perspectiva insular.
El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, expuso este jueves ante la Comisión de Islas de la Unión Europea la preocupación del Gobierno de Canarias por la ausencia de una “estrategia valiente” de las instituciones comunitarias para afrontar retos prioritarios como el acceso a la vivienda. Subrayó que el archipiélago mantiene su propuesta de fijar límites a la compra de propiedades por parte de no residentes con el fin de proteger a la población local.
Durante la reunión celebrada en Barcelona, en el marco de la Asamblea General de la CRPM, advirtió que la elevada demanda extranjera y el crecimiento del alquiler vacacional tensionan el mercado, reducen la oferta residencial y comprometen la sostenibilidad social.
Caraballo defendió un enfoque normativo específico para los territorios insulares, capaz de equilibrar actividad económica, cohesión social y derecho a la vivienda. Reclamó que las RUP sean actores prioritarios en la elaboración de la Estrategia de Turismo Sostenible, con herramientas que eviten la expulsión de la población residente por el encarecimiento del costo de vida.
El representante canario insistió en adaptar las políticas de cohesión, turismo, transporte y energía a la realidad insular, destacando que una Europa justa “no es posible sin reconocer sus particularidades”. También llamó a posicionar a las islas como territorios líderes en sostenibilidad e innovación, apoyados por plataformas permanentes de intercambio de buenas prácticas.
Caraballo mostró además su preocupación por el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, alertando sobre los efectos negativos de centralizar los fondos, una decisión que pone en riesgo los cerca de 4.600 millones destinados a Canarias en cada periodo. Reivindicó los artículos 174 y 349 del Tratado de la UE y reiteró que la solidaridad europea con los territorios insulares “no puede ser negociable”.
