Aena anunció que presentará un recurso judicial contra la sanción superior a 10 millones de euros impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que considera que el gestor aeroportuario desplegó sistemas de reconocimiento facial sin una evaluación de impacto adecuada previa al inicio de los programas.
La AEPD sostiene que la evaluación presentada por Aena no cumplía los requisitos normativos exigidos antes de habilitar el acceso biométrico para los pasajeros que lo solicitaron. Aena, por su parte, defiende que las evaluaciones fueron realizadas de forma previa y que la resolución no respeta el principio de proporcionalidad.
La empresa remarcó que no hubo brechas de seguridad ni filtraciones de datos en los programas de embarque biométrico operativos en su red de aeropuertos, y que todos los usuarios prestaron consentimiento informado para su utilización.
Aena aseguró que los datos fueron tratados siguiendo los procesos de conservación, bloqueo y supresión establecidos por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, destacando que en ningún momento estuvo comprometida la custodia de la información.
