El gestor aeroportuario español aprobó su propuesta del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, un plan que combina un fuerte impulso inversor con un ajuste tarifario moderado. La compañía plantea destinar 12.888 millones de euros en cinco años —de los cuales 9.991 millones son inversión regulada— con el objetivo de ampliar capacidad, reforzar la seguridad, mejorar la calidad del servicio y avanzar en sostenibilidad, sin perder competitividad en precios.
El esquema prevé una subida media anual de 0,43 euros por pasajero, un incremento reducido que variará según el tamaño de cada aeropuerto y que será menor en instalaciones medianas y pequeñas. Según las proyecciones basadas en organismos internacionales como ACI y EUROCONTROL, el tráfico total podría alcanzar 1.690 millones de pasajeros entre 2027 y 2031, aunque con un ritmo de crecimiento más moderado tras el fuerte rebote posterior a la pandemia.
El presidente y consejero delegado, Maurici Lucena, destacó que el plan supone un reto técnico y de gestión porque muchos grandes aeropuertos estarán en obras simultáneamente, pero aseguró que la compañía cuenta con equipos especializados capaces de ejecutar las ampliaciones sin afectar la operativa ni la conectividad. Subrayó además que el “descongelamiento” inversor es clave para el progreso económico de los territorios vinculados a estas infraestructuras.
El proyecto incluye 26 indicadores de calidad más exigentes, enfocados en satisfacción del pasajero, tiempos de espera, sostenibilidad y eficiencia tecnológica. La estrategia contempla mantener los aeropuertos plenamente operativos durante las obras y consolidar su rol como nodos de movilidad multimodal sostenible, en línea con la meta corporativa de alcanzar emisiones netas cero en 2030, dos décadas antes que el promedio del sector.
Tras la aprobación interna, el documento será remitido a la Dirección General de Aviación Civil y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para evaluación. Posteriormente, deberá recibir luz verde definitiva del Consejo de Ministros antes de septiembre. La propuesta es el resultado de un proceso de consultas de cinco meses con aerolíneas y usuarios, y constituye el marco que definirá las obligaciones y estándares del gestor aeroportuario durante el próximo quinquenio.
