Las negociaciones entre Aerolíneas Argentinas y los gremios aeronáuticos alcanzaron un punto crítico este lunes por la noche. Luego de casi siete horas de discusiones intensas, ambas partes lograron definir algunos puntos en un documento preliminar. Sin embargo, ante la falta de consenso en temas clave, decidieron posponer cualquier firma de acuerdo y decretar un cuarto intermedio para continuar las conversaciones el día de hoy en la sede de Aeroparque. Aunque los sindicatos plantearon propuestas para mejorar la productividad, con el fin de reducir la distancia entre ambas posiciones, sus representantes expresaron que el acuerdo sigue lejos de concretarse.
El gobierno de Javier Milei exigió cambios específicos en los convenios colectivos, incluyendo la eliminación de asientos en clase ejecutiva para empleados y sus familias y el cese del servicio de remises para pilotos y tripulantes de cabina, cuyo costo es de aproximadamente $1.000 millones mensuales. Estos beneficios, considerados “privilegios” por el gobierno, son el centro de la tensión, ya que representan un costo elevado para el Estado en su intento de reducir el déficit de Aerolíneas Argentinas. Además, se ofrece un incremento salarial de solo 14% para el período de junio a agosto, muy por debajo del 86-90% que, según los sindicatos, necesitarían para compensar la pérdida de poder adquisitivo desde diciembre.
El Ejecutivo nacional dejó clara su postura al advertir que, si no se logra un consenso, se activará el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un recurso que podría facilitar suspensiones o despidos con indemnizaciones reducidas. Además, Milei enfatizó que la opción de privatización de Aerolíneas no está descartada si los sindicatos no aceptan los ajustes. En paralelo, Franco Mogetta, secretario de Transporte, afirmó que “si no se logra la privatización, la empresa podría cerrarse”. Los gremios mostraron su disposición a continuar el diálogo sin aplicar medidas de fuerza, conscientes de que el PPC podría ser difícil de revertir si se implementa.
La situación se tensó aún más por el conflicto reciente en Intercargo, donde las protestas por el despido de un trabajador llevaron a demoras y asambleas, afectando a cientos de pasajeros en los aeropuertos. En respuesta, el gobierno despidió a 15 empleados y anunció la desregulación del servicio de rampa, permitiendo la entrada de empresas privadas para reemplazar a Intercargo, lo cual presiona aún más a los sindicatos aeronáuticos
La tensión entre el gobierno y los gremios continúa en un punto álgido, mientras ambas partes buscan evitar la activación del PPC, que podría tener consecuencias profundas y duraderas para Aerolíneas y sus trabajadores.
