Las agencias de viajes alzaron la voz frente a una normativa que consideran perjudicial para el sector. Desde el colectivo empresarial destacaron: “Las agencias estamos a favor de la seguridad porque el turismo fluye cuando hay seguridad y estamos dispuestos a colaborar en esta materia, pero esta norma no ha sido consensuada y tiene matices perjudiciales para el sector”.
En ese marco, exigieron que, de no lograrse una exclusión total del decreto, se minimicen las exigencias impuestas y se eximan determinadas actividades, como el turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos), que podría verse gravemente afectado.
Otro de los puntos críticos es la obligación de conservar datos personales durante un período de tres años. Sobre esto, alertaron: “Hay graves problemas de ciberseguridad y se puede poner en peligro mucha información”.
El presidente de CEAV, Carlos Garrido, anticipó el posible camino judicial: “Estamos atentos a la orden ministerial porque la vamos a impugnar en cuanto se publique. Es la única manera, ir a los tribunales para conseguir rebatir esta situación”. Y agregó: “Hay dos hitos que tendrían que producirse para empezar la batalla jurídica. Una es que se publique la orden ministerial, la segunda es que haya una sanción”.
