El acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo para la revisión de la directiva de viajes combinados dejó una primera impresión positiva entre las agencias, que destacan la eliminación de varios puntos polémicos del texto regulatorio. Así lo adelantaron desde ACAVE, aunque la entidad advierte que aún es temprano para celebraciones: su implementación, que puede tardar cerca de tres años, dependerá de la voluntad de cada gobierno, pese a que la nueva normativa deja escaso margen de maniobra.
La gerente de ACAVE, Catiana Tur, calificó el resultado como una “satisfacción con cautela”, luego de que el proceso de triálogo permitiera consensuar un texto final más equilibrado para el sector. Tur señaló que varias de las preocupaciones que durante dos años fueron planteadas tanto por las patronales españolas como por ECTAA a nivel europeo quedaron fuera de la parte dispositiva. “Se han logrado avances relevantes y la norma introduce cambios importantes”, afirmó.

Entre los aspectos más sensibles para las agencias destaca una nueva definición de viaje combinado que brinda mayor claridad sobre los servicios vinculados. Si el cliente recibe la advertencia expresa de que la contratación de servicios adicionales en las 24 horas siguientes no forma parte del paquete, la operación deja de considerarse viaje combinado. “Esto es fundamental para evitar que un servicio suelto se interprete como paquete”, explicó Tur.
También se eliminó la limitación de prepagos, una de las mayores inquietudes del sector, así como disposiciones relacionadas con reembolsos por circunstancias excepcionales en el lugar de residencia o por avisos oficiales de los estados, aspectos que la propuesta inicial incluía como vinculantes.
El acuerdo político deberá ser ratificado a comienzos del próximo año y, desde entonces, los estados miembros tendrán 28 meses para adaptar la normativa a su legislación. Es decir, su plena entrada en vigor podría demorar casi tres años. “La pelota quedará en el tejado del Gobierno español”, advirtió Tur, quien insistió en que el resultado final dependerá de cómo se realice la transposición. “No podemos estar completamente satisfechos hasta ver cómo se implementa en España. Es una directiva de máximos, con poco margen para cambios, pero aún queda trabajo por hacer”, subrayó.


