El consejero Arturo Bernal presentó el Plan de Inspección Turística 2026 (PIPA) como una herramienta clave para garantizar legalidad, calidad y convivencia en uno de los sectores estratégicos de la región. El funcionario remarcó que la iniciativa no tiene fines recaudatorios, sino que busca ordenar la actividad turística y proteger a quienes operan dentro de la normativa.
El programa fija prioridades para todo el año con énfasis en el control regulatorio, la lucha contra la clandestinidad, la defensa de los derechos de los usuarios y acciones de asesoramiento preventivo dirigidas a empresas. Según explicó Bernal, el objetivo es combinar firmeza ante infracciones con un enfoque pedagógico que facilite el cumplimiento de las reglas.
El plan también prevé inspecciones sobre el funcionamiento de servicios y alojamientos, verificando registro legal, condiciones de prestación, información al cliente y estándares de seguridad. Además, incorpora vigilancia del entorno digital para comprobar que la oferta promocionada coincida con servicios autorizados y que la publicidad sea veraz.
Uno de los ejes centrales será combatir alojamientos ilegales, línea a la que se destinará al menos el 30% de las actuaciones específicas. Para ello se reforzará la cooperación institucional con municipios como Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Jerez de la Frontera, Almería, Alhaurín el Grande, El Puerto de Santa María y Córdoba, además del trabajo conjunto con la Policía Nacional para aumentar la eficacia de las actuaciones.
El PIPA se vincula con la futura normativa regional de turismo sostenible, que prevé sanciones de entre 10.000 y 600.000 euros para infracciones graves como operar sin autorización u obstaculizar inspecciones. Con este marco, la administración busca disuadir prácticas ilegales, fortalecer la seguridad jurídica del sector y consolidar la competitividad del destino.
