El Decreto 825/2024 emitido por el gobierno de la República Argentina, declara al transporte aerocomercial como «servicio esencial», lo que implica que las medidas de fuerza, como huelgas y asambleas informativas, deberán cumplir ciertos requisitos para no interrumpir totalmente los servicios.
La reglamentación exige que cualquier medida de protesta sea notificada con cinco días de anticipación tanto a la contraparte como a la Autoridad de Aplicación. Además, durante los conflictos, se deberá garantizar un mínimo del 50% de los vuelos regulares.
La decisión generó una gran controversia, especialmente entre los gremios aeronáuticos, quienes rechazaron enérgicamente el decreto y anunciaron que buscarán impugnar judicialmente. También se establecieron límites a las «asambleas informativas», utilizadas previamente para realizar protestas encubiertas. El conflicto se origina principalmente por una disputa salarial en Aerolíneas Argentinas, donde los gremios reclaman aumentos significativos que no fueron satisfechos por las ofertas del gobierno y la empresa.
Este marco legal tiene como objetivo asegurar que el transporte aéreo, incluso en medio de paros, mantenga un servicio mínimo para no afectar gravemente a los usuarios, pero también abre un nuevo frente de tensión con los sindicatos que denuncian la medida como arbitraria e ilegal.
