El Gobierno argentino ha implementado una serie de reformas en la Ley Nacional de Turismo a través del Decreto 216/2025, una medida que busca reducir la intervención estatal en el sector y fomentar un mayor protagonismo del sector privado. Esta decisión responde a la necesidad de modernizar el marco normativo y hacerlo más ágil y eficiente en un contexto de creciente competencia internacional.
Uno de los cambios más significativos es la disolución del Comité Interministerial de Facilitación Turística y del Programa Nacional de Inversiones Turísticas. Estas modificaciones apuntan a descentralizar la gestión del turismo, trasladando mayores responsabilidades a provincias y municipios, con el objetivo de impulsar inversiones y dinamizar la industria sin generar costos adicionales al Estado.
Además, la reforma excluye al turismo social de la esfera estatal, promoviendo un enfoque en el que la oferta turística sea impulsada principalmente por el sector privado. También se ha puesto énfasis en la necesidad de adaptar las regulaciones a las nuevas tendencias del mercado, facilitando la llegada de inversiones y promoviendo la innovación en la promoción turística.
El gobierno ha defendido esta reforma argumentando que permitirá mejorar la competitividad del país como destino, eliminando trabas burocráticas y otorgando mayor flexibilidad a los operadores turísticos. Sin embargo, algunos sectores han expresado preocupaciones sobre el impacto de la menor presencia estatal en ciertas áreas del turismo que tradicionalmente han dependido de apoyo gubernamental.
