El Gobierno de las Islas Baleares aprobó este viernes un importante Decreto Ley de Medidas de Contención Turística, impulsado por el Ejecutivo de Marga Prohens (PP) y respaldado por Vox. La nueva normativa busca frenar la presión turística, proteger el territorio y avanzar hacia un modelo más equilibrado, sin incrementar la ecotasa ni crear nuevos impuestos para vehículos turísticos, como fue acordado con el partido aliado.
Nuevas reglas para alojamientos turísticos
Una de las principales medidas establece la prohibición generalizada de nuevas plazas turísticas en viviendas plurifamiliares en todas las islas. Las licencias ya existentes podrán renovarse, pero bajo requisitos de calidad más estrictos.
Se reabre además la posibilidad de intercambio de plazas turísticas entre particulares, aunque sin permitir el aumento del número total de plazas disponibles. Para evitar un descenso brusco en la oferta, se crea una bolsa transitoria que permitirá gestionar las bajas y altas de plazas, siempre respetando la capacidad de carga definida por cada isla.
Mano dura contra la oferta ilegal
El decreto también refuerza la lucha contra el alquiler turístico no regulado. Las plataformas online estarán obligadas a verificar el número de registro turístico de cada anuncio, compartiendo así la responsabilidad con los propietarios.
Además, se aumentan las sanciones en un 25 %:
- Infracciones muy graves: de 50.001 a 500.000 euros
- Graves: de 5.001 a 50.000 euros
- Leves: hasta 5.000 euros
Como incentivo, los propietarios sancionados podrán reducir la multa hasta un 80 % si destinan la vivienda al alquiler social o a precio limitado, siendo la comunidad autónoma la beneficiaria de esas rentas.
Zonas saturadas y reconversión del modelo turístico
El nuevo marco también permite a los consells insulars declarar zonas turísticas saturadas o de reconversión. En estas áreas, los establecimientos podrán acogerse a un régimen especial que facilita su modernización, incluyendo un aumento del 10 % en la superficie construida, aunque sin elevar la altura ni sumar más plazas.
Estas zonas tendrán prioridad en la asignación de ayudas públicas y deberán integrarse obligatoriamente en procesos de certificación de calidad turística.
