El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y Empleo, presentó un proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda que introduce cambios importantes en la regulación de las viviendas vacacionales. La ley, que se espera entre en vigor antes de enero de 2025, flexibiliza algunos requisitos pero mantiene su objetivo de limitar el crecimiento de esta modalidad alojativa para hacerla más sostenible.
Uno de los principales cambios es la reducción de la superficie mínima requerida para el uso turístico de una vivienda, que pasa de 39 a 25 metros cuadrados, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, como disponer de aparcamiento vinculado a la vivienda, piscina privada o comunitaria, certificaciones de sostenibilidad, o incluso la creación de empleo por parte del propietario. Esta flexibilización responde a las más de 3.000 alegaciones recibidas durante el periodo de audiencia pública del anteproyecto de ley.
La consejera de Turismo, Jessica de León, destacó que la nueva ley proporciona un marco equilibrado y claro, permitiendo que los cabildos y ayuntamientos adapten la normativa a las características específicas de cada isla o municipio. Además, enfatizó que esta regulación asegura la «sostenibilidad, accesibilidad e inclusividad» en el sector, sin imponer cargas desmedidas para los pequeños propietarios, que constituyen una parte esencial del turismo vacacional en Canarias.
Otra de las novedades es la eliminación de la obligatoriedad de contar con puntos de recarga para vehículos eléctricos y accesos pavimentados, requisitos que, en cambio, se establecerán a través de un reglamento posterior que desarrollará la Consejería. Sin embargo, la accesibilidad, conforme al Código Técnico de la Edificación (CTE), sigue siendo un aspecto irrenunciable en la normativa.
El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, explicó que los cabildos y ayuntamientos deberán crear un plan de inspección de viviendas vacacionales en un plazo máximo de seis meses, y ejecutar estas inspecciones en un período de cuatro años. Las autoridades locales también serán responsables de controlar las actividades clasificadas, mientras que las instituciones insulares verificarán las declaraciones responsables de turismo.
Otro aspecto importante de la ley es su régimen transitorio. Los pequeños propietarios podrán consolidar el uso turístico de sus viviendas de manera indefinida, siempre y cuando cumplan con toda la normativa. No obstante, este derecho no será transferible: si la vivienda se vende o se abandona la actividad, la propiedad deberá cumplir con los nuevos requisitos establecidos por la ley.
Para las empresas que gestionan viviendas de terceros, la ley establece un periodo de transición de cinco años. Tras este tiempo, deberán renovar la declaración responsable y adaptarse a las nuevas exigencias de la normativa. Este aspecto busca ordenar y regular de manera más eficiente la gestión profesionalizada del alquiler vacacional.
El proyecto de ley, que será remitido al Parlamento en octubre, marca un hito en la regulación del alquiler vacacional en Canarias, proporcionando un marco legal estable que equilibra los intereses de los propietarios y el desarrollo sostenible del turismo en las islas. Si se aprueba según lo previsto, la normativa estará en vigor a principios de 2025, permitiendo una adaptación paulatina del sector a las nuevas exigencias.
