La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, lanzó un claro llamado a la retirada de la normativa que obliga a los establecimientos turísticos a registrar a sus huéspedes. En una carta dirigida al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu i Boher, De León expone su preocupación por las implicaciones jurídicas y la incompatibilidad de esta medida con las directivas europeas, subrayando que la comunicación fue enviada hace tres semanas.
El Real Decreto 933/2021, que estaba programado para entrar en vigor el 1 de octubre y que fue pospuesto hasta el 2 de diciembre, requiere que hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos registren una amplia gama de información sobre cada cliente, tanto nacional como internacional. Entre los datos solicitados se incluyen nombre completo, documento de identificación, fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección de residencia, información de contacto, así como detalles sobre el viaje, como fechas de llegada y salida, motivos del viaje, y hasta datos bancarios y de tarjetas de crédito.
De León manifestó que esta normativa no solo generó un rechazo significativo por parte de las administraciones públicas y las patronales hoteleras en las Islas, sino que también encontró eco a nivel nacional. La consejera enfatiza que el decreto no responde a las necesidades del sector turístico en la actualidad y, en su opinión, resta competitividad a las empresas, especialmente a las pymes y micropymes que predominan en el sector.
Con el 93% de las empresas turísticas en Canarias siendo pequeñas y medianas, De León argumentó que muchas de estas organizaciones no cuentan con la infraestructura ni los recursos necesarios para cumplir con la carga administrativa impuesta por la normativa. Esto podría llevar a un aumento en los costos operativos y complicar aún más la situación de un sector que ya ha enfrentado retos significativos, especialmente tras los efectos de la pandemia.
La consejera ha dejado claro que el gobierno regional está abierto a dialogar con el Gobierno central, aunque enfatizó que existe un «clamor unánime» entre los profesionales del sector turístico pidiendo la retirada de esta normativa. En este sentido, De León instó a considerar la realidad del turismo en Canarias, que depende en gran medida de la agilidad y la flexibilidad, especialmente en un contexto donde la competencia es feroz y las expectativas de los viajeros están en constante evolución.
Con estas preocupaciones en mente, Canarias se posiciona firmemente en contra de la normativa, buscando no solo proteger sus intereses económicos, sino también asegurar una experiencia más sencilla y fluida para los viajeros que visitan el archipiélago.
