La Generalitat de Cataluña ha dado un paso para regular la oferta de pisos turísticos y contener el impacto que tiene en el acceso a la vivienda para los vecinos, tanto en grandes ciudades como en pequeños municipios.
Para ello el Govern ha aprobado un decreto ley que cambia las reglas del juego. Hasta ahora, para obtener un número de registro de vivienda de uso turístico (HUT en sus siglas en catalán) a los propietarios les bastaba con tener cédula de habitabilidad, darse de alta con una declaración responsable ante Turismo y tenían la licencia para siempre. A partir de ahora, serán los Ayuntamientos quienes decidan: tendrán que permitir el uso turístico de las viviendas en planes urbanísticos y concederán las licencias.
Por su parte, el Govern fija las reglas generales: un tope de 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes y que las licencias serán para solo cinco años. La nueva regulación afectará a los 262 municipios que concentran 95.000 pisos turísticos de los 103.000 existentes. El decreto ley necesitará aval político, porque debe ser aprobado en el Parlament.
El decreto ley prevé la posibilidad de revocar licencias y el Govern afirma que hay 47 municipios que superan el tope de 10 apartamentos por cada 100 habitantes. En total, en estos municipios acumulan un sobrante de 28.000 licencias, que deberán ser revocadas. Entre las poblaciones donde habrá que revocar licencias figuran ubicaciones desde el Pirineo (Alp, Alt Aneu, Queralbs, Rialp, Espot, Esterri), hasta la costa de Tarragona (Salou, L’Ametlla, L’Ampolla) o la costa de Girona (Cadaqués, begur, Roses, Calonge, Castelló d’Empúries, Palafrugell, Pals, Torroella-L’Estartit) y el Priorat (La Vilella Baixa). Sobre qué sistema se empleará para decidir qué licencias se revocan y cuáles se otorgan, el decreto prevé que lo decida cada Ayuntamiento y una de las fórmulas que ha sugerido es un concurso de licencias.
En el caso de Barcelona, es poco probable que haya revocaciones, porque la ratio entre pisos turísticos y habitantes está lejos de la futura norma: hay 9.000 pisos turísticos y 1,6 millones de habitantes. Con el decreto el tope sería de 160.000 apartamentos turísticos. En cualquier caso, el Ayuntamiento de la capital catalana es de los que se adelantó a la nueva normativa autonómica y en 2015 congeló la cifra de 9.000 pisos turísticos en su plan urbanístico de alojamientos turísticos, el PEUAT. Otros municipios, han fijado otras normas: en Girona aprobaron un tope máximo del 4% de las viviendas de la ciudad para uso turístico. Y otros, como Piera, solo permitían pisos turísticos en viviendas unifamiliares. En cualquier caso, todos los propietarios de pisos turísticos con registro de HUT deberán solicitar las nuevas licencias.
El futuro de todos ellos, en cualquier caso, dependerá de los planes urbanísticos que redacten los Ayuntamientos, para recoger explícitamente la posibilidad de acoger apartamentos turísticos con una nueva calificación urbanística que incluirá la Ley de Urbanismo. Si un municipio decidiera que no permite el uso turístico de su parque residencial, se extinguiría a los cinco años. Y si el propietario justificara una inversión en el piso, podría prorrogar cinco años más la licencia. El Govern asegura que no tendrá que indemnizar a nadie.
El listado de 262 municipios que estarán sujetos a la nueva regulación incluye dos situaciones: los 140 que ya tienen un mercado de vivienda tenso que dificulta el acceso a la vivienda; y otros 134 donde existe riesgo de romper el equilibrio urbano y tienen más de cinco pisos turísticos por cada 100 vecinos. La idea es que la Generalitat reviste el listado cada cinco años, porque entiende que la realidad es dinámica.
“El objetivo es garantizar el derecho a la vivienda, garantizar su uso social, sobre todo allí donde el uso turístico garantiza tensión en los precios y tensiones para garantizar la provisión de vivienda para la población”, ha defendido la consejera de Territorio, Ester Capella. “El decreto se fundamenta en directivas europeas, el Estatut y la Ley del Suelo, que determina que debe ir condicionado a generar vivienda para las personas”, ha destacado. “Actuamos para garantizar el acceso a la vivienda, que es la puerta de entrada a muchos otros derechos”, ha zanjado.
Los responsables del departamento de Territorio admiten que la nueva regulación será polémica y generará rechazo entre las patronales de los apartamentos turísticos, pero aseguran que su obligación es garantizar que el suelo está al servicio de la garantía del derecho a la vivienda. Y aseguran que la regulación tiene garantías jurídicas y se ajusta a la Constitución y el derecho europeo.
Fuente: Elpais.com
