El Gobierno catalán decidió aplazar hasta el 1 de octubre la entrada en vigor del incremento de la tasa turística, inicialmente previsto para el 1 de mayo. Esta decisión responde a preocupaciones sobre la inseguridad jurídica que podría generarse al implementar las nuevas tarifas antes de que el Parlament convalide el decreto correspondiente.
La portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, explicó que el impuesto se liquida semestralmente: en abril, por las cuotas de octubre a marzo, y en octubre, por las de abril a septiembre. Por lo tanto, las nuevas tarifas se aplicarán después de la primera liquidación posible tras la convalidación parlamentaria.
El Ejecutivo catalán había pactado en febrero con el grupo Comuns duplicar la parte de la tasa que depende de la Generalitat. Sin embargo, el Consejo de Garantías Estatutarias recomendó tramitar estos cambios mediante un proyecto de ley, y ERC expresó reticencias a avalar el texto actual, argumentando que los beneficios y problemas del turismo en Barcelona no son comparables con los del resto de Cataluña.
En este contexto, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha solicitado al Govern reconsiderar la subida del impuesto. La asociación se opone totalmente a un impuesto que considera un ejemplo de criminalización del sector y falta de diálogo. Además, advierte que la medida encarecerá las vacaciones de las familias y de los propios catalanes. Apartur aboga por una tramitación legislativa que establezca un aumento progresivo de la tasa, tarifas equitativas y justas, y que contribuya a la desestacionalización.
Por otro lado, el sector turístico de las comarcas de Girona ya mostró el pasado 24 de abril su rechazo al Decreto ley 6/2025, que implica la subida de la tasa turística.
