La agencia de viajes online Destinia anunció que presentará en septiembre una demanda contra Booking.com en los juzgados de lo Mercantil, acusando a la plataforma de utilizar su marca de manera ilegítima. Según Ricardo Fernández Flores, director general de Destinia, esta práctica fue detectada en 20 países y ha causado una disminución del 20% en su tráfico, lo que considera un «robo».
Destinia sostiene que estas acciones tuvieron un «impacto económico relevante» en su negocio de distribución de viajes. Para respaldar su demanda, la empresa ha recopilado actas notariales en los mercados donde se ha observado la supuesta violación de derechos, que podría infringir la Ley 17/2001 sobre marcas.
Fernández Flores explicó que Booking.com está utilizando la marca Destinia para crear confusión entre los consumidores, quienes podrían creer que están utilizando los servicios de Destinia cuando en realidad están siendo redirigidos a Booking.com, lo que constituye un caso de competencia desleal y afecta la credibilidad de Destinia.
Engaño al consumidor y competencia desleal
El director general de Destinia considera que pujar en la plataforma de anuncios de Google por el nombre de la competencia, como supuestamente hizo Booking.com, es «legal, aunque cuestionable» desde un punto de vista ético. Sin embargo, lo que Destinia considera ilegal es que «en los resultados de búsqueda aparezca nuestra marca, pero al hacer clic, el usuario es dirigido a Booking.com». Este es el punto central de la infracción que Destinia busca frenar.
Fernández Flores calificó estas prácticas como «piratas» y criticó a Booking.com por participar en lo que considera una mala praxis. La demanda se presentará en septiembre, cuando los juzgados reanuden sus actividades tras el receso de agosto. Aunque no se ha confirmado si Destinia solicitará una indemnización, el objetivo principal es poner fin a estas conductas.
Este caso se suma a otras demandas y multas acumuladas por Booking.com, incluidas acusaciones de «prácticas abusivas» por parte de hoteles y una multa de 413 millones de euros impuesta por la CNMC el 30 de julio, por abuso de posición dominante en los últimos cinco años.
