El Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa del Partido Popular (PP) que solicita al Ministerio del Interior la prolongación de la suspensión del decreto 933/2021, conocido como «Gran Hermano Turístico». Este decreto impone nuevas obligaciones de registro documental en actividades de hospedaje y alquiler de vehículos, y está programado para entrar en vigor el 2 de diciembre de 2024.
La propuesta del PP, respaldada por Vox, Junts, UPN, Coalición Canaria y BNG, logró superar el voto en contra de los partidos del Gobierno, incluidos PSOE, Sumar, ERC y Bildu. PNV y Podemos optaron por la abstención, mientras que el exministro José Luis Ábalos no estuvo presente en la votación.
El apodo «Gran Hermano» se deriva de las exigencias del decreto, que requiere que los hoteles recojan información sensible de los turistas, como su grado de parentesco y su código IBAN. Este aspecto suscitó fuertes protestas entre agencias de viaje, hoteles y alojamientos turísticos, que advierten sobre los problemas que puede generar la recopilación de más de 40 datos de los usuarios.
En medio de esta controversia, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reunió con varias asociaciones del sector turístico y se comprometió a que no se exigirán más datos de los que se están recopilando actualmente, a pesar de la inminente entrada en vigor del decreto.
Además de la solicitud de suspensión, el Congreso también aprobó otros puntos de la proposición no de ley. Se insta al Gobierno a desarrollar una normativa que contemple los acuerdos previos alcanzados con los sujetos obligados y a revisar las obligaciones de recolección de datos financieros para asegurar su compatibilidad con las normativas europeas de protección de datos, como la Directiva PSD2.
La Cámara Baja también aboga por el apoyo a las reivindicaciones del sector turístico sobre los efectos negativos del decreto y por abrir un nuevo diálogo con los actores turísticos, incluyendo asociaciones como Cehat, CEAV y UNAV, para consensuar el desarrollo normativo y asegurar una implementación efectiva del decreto.
Sin embargo, dos puntos de la iniciativa del PP no prosperaron debido a empates en las votaciones. Uno de ellos proponía intensificar la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para mejorar la seguridad y calidad de los destinos turísticos. El otro punto se refería a la implementación de medidas que mejoren la competitividad de la marca España en el mercado turístico global.
Ambos empates reflejan la polarización en el Congreso sobre las políticas turísticas y la regulación del sector, evidenciando la complejidad del tema y la necesidad de un consenso que respete tanto la seguridad como la viabilidad del turismo en España.
