El Partido Popular planteó una serie de interrogantes a la Comisión Europea respecto al nuevo registro de datos de turistas que será obligatorio en España a partir del 2 de diciembre. Este Real Decreto dice que los establecimientos turísticos, incluidos hoteles y agencias de alquiler, deberán recopilar más de 40 tipos de datos personales de sus clientes, como el grado de parentesco entre los huéspedes o el IBAN bancario, y enviar esta información a la Secretaría de Estado de Seguridad.
Los críticos apodaron esta medida como el “Gran Hermano Turístico”, señalando preocupaciones sobre la privacidad y el cumplimiento de la normativa europea en protección de datos.
Dolors Montserrat y Rosa Estaràs, eurodiputadas del PP, cuestionaron en una pregunta parlamentaria si este sistema respeta el marco de protección de datos de la Unión Europea y si las pequeñas y medianas empresas del sector cuentan con la infraestructura y personal necesarios para manejar estos datos confidenciales de forma segura. Además, Montserrat dijo que es injusto imponer la carga de la protección de datos en las empresas, mientras que Estaràs advierte que el sistema podría perjudicar la competitividad del turismo español al complicar el proceso de registro de los turistas.
Este debate pone de relieve la tensión entre la necesidad de seguridad y el respeto a la privacidad, así como los desafíos que enfrentan las pymes en su implementación, mientras se espera la respuesta de la Comisión Europea sobre la compatibilidad de esta normativa con el marco comunitario.
