El Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló la decisión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que obliga a Airbnb a retirar 65.935 anuncios de viviendas turísticas considerados ilegales. La medida se centra en viviendas completas que infringen normativas autonómicas de comunidades como Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.
Entre las irregularidades detectadas, el Ministerio destacó la falta de número de licencia, la omisión del tipo de arrendador (particular o profesional) y el uso de licencias falsas o no verificadas. Airbnb recurrió la resolución, pero la Justicia ratificó la legalidad de la intervención estatal y ya ordenó la retirada inmediata de 5.800 anuncios.
Airbnb sostiene que la medida es «indiscriminada», niega la competencia del Ministerio en esta materia, y afirma que muchos anuncios no se corresponden con oferta turística. La plataforma aseguró que continuará apelando en instancias judiciales, argumentando que la normativa española y europea la exime de obligaciones de supervisión activa.
