El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha identificado más de 55.000 nuevos anuncios ilegales de alojamientos turísticos publicados en Airbnb, los cuales no cumplen con la legislación vigente al carecer del número de registro oficial obligatorio desde el 1 de julio. Esta acción se suma a la reciente retirada de 65.000 publicaciones que ya habían sido solicitadas por el ministerio.
La plataforma de alquiler turístico Airbnb había intentado recurrir judicialmente la decisión, pero los tribunales respaldaron las medidas adoptadas por el Ministerio que encabeza Pablo Bustinduy. Ahora, Consumo dará traslado de la información recabada para que los nuevos anuncios detectados sean eliminados o regularizados conforme a la ley.
El archivo digital elaborado por la Unidad de Análisis de Consumo incluye datos clave como la tipología del alojamiento (habitación o vivienda completa), su localización geográfica y los datos identificativos de los anfitriones. Esta base servirá como soporte para las próximas actuaciones legales.
“El derecho a la vivienda está por encima de los beneficios de las grandes multinacionales”, remarcó Bustinduy en varias intervenciones públicas, reafirmando el compromiso del Estado con una política habitacional que respete la normativa turística y proteja a los ciudadanos.
El Ministerio continuará auditando las plataformas digitales de alojamiento, con el objetivo de detectar y denunciar la oferta ilegal, reforzando la regulación del mercado turístico y garantizando una competencia justa y transparente.
