El Gobierno de España solicitó a la Comisión Europea autorización para limitar la compra de viviendas en Canarias a personas que no tengan intención de residir en ellas. La medida apunta a reducir la presión del mercado inmobiliario, especialmente en aquellas propiedades destinadas a uso turístico.
La propuesta forma parte de un paquete de sugerencias presentadas en el marco de la revisión normativa de las regiones ultraperiféricas (RUP), un estatus especial que incluye a Canarias junto a territorios de Portugal y Francia.
Según explicó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el objetivo es facilitar el acceso a la vivienda para residentes, jóvenes y colectivos vulnerables, en un contexto donde la demanda extranjera ha elevado los precios y reducido la oferta habitacional.
A diferencia de iniciativas anteriores del Gobierno canario, que planteaban una prohibición directa para compradores extranjeros, esta nueva propuesta busca un enfoque más flexible, en línea con el marco legal comunitario y el equilibrio entre desarrollo turístico y sostenibilidad social.
