En la sesión del miércoles, el Senado votó en contra de la implementación del registro de datos de viajeros establecido por el Real Decreto 933/2021, calificándolo como «desproporcionado e inoperable». La iniciativa fue liderada por el senador Agustín Almodóbar, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en asuntos turísticos, quien presentó una moción para prolongar la suspensión del decreto y trabajar en una normativa consensuada con el sector turístico.
La votación culminó con 153 votos a favor, 103 en contra y 6 abstenciones, con los grupos del PSOE, Podemos, Bildu y ERC oponiéndose a la moción. Una enmienda adicional, promovida por Unión del Pueblo Navarro, pidió excluir a las agencias de viajes del alcance del decreto y fue también aceptada gracias a la mayoría del PP en la Cámara alta.
El RD 933/2021, que estaba programado para entrar en vigor el 2 de diciembre tras dos prórrogas, obligaría a hoteles, alquileres de vehículos y otros servicios turísticos a recopilar y enviar al Ministerio del Interior hasta 42 datos personales de sus clientes, incluyendo información como número de tarjeta bancaria, IBAN, datos de GPS del vehículo alquilado y detalles sobre las relaciones entre los viajeros. El incumplimiento podría acarrear multas de hasta 30.000 euros.
Durante su intervención, Almodóbar criticó el desconocimiento del Gobierno sobre la operativa turística y advirtió sobre el impacto negativo del decreto en la competitividad de España y la seguridad jurídica de las empresas. También denunció que la normativa es incompatible con las regulaciones de protección de datos de la Unión Europea, lo que genera inseguridad jurídica.
La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), junto a otras organizaciones como CEHAT y FENEVAL, celebraron el resultado de la votación, destacando el creciente apoyo político hacia su postura y reiteraron la necesidad de un desarrollo normativo viable y consensuado.
Con esta decisión, el sector turístico espera que el Gobierno reconsidere la medida y promueva una regulación más acorde con las capacidades y realidades de las empresas afectadas.
