El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España impuso una sanción de 64.055.311 euros a Airbnb por publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, en una de las mayores multas aplicadas al sector de alquiler vacacional.
La resolución, firmada por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, es firme y pone fin a la vía administrativa tras resolverse el recurso de alzada presentado por la compañía. Las infracciones afectan a un total de 65.122 anuncios.
Según el Ministerio, la principal infracción corresponde a prácticas comerciales desleales, al publicarse alojamientos sin número de licencia, incumpliendo las normativas autonómicas que exigen identificar el registro turístico en la publicidad. También se detectaron anuncios con números de registro incorrectos o sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que constituye publicidad engañosa.
La multa equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el período en el que los anuncios permanecieron activos tras el apercibimiento oficial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había respaldado previamente la orden de retirada de estos contenidos.
Además, se impusieron sanciones adicionales por omisión de información contractual y falta de colaboración con los requerimientos del Ministerio, así como otra multa grave por incumplir medidas provisionales dictadas durante la investigación.
Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia del Gobierno español para abordar la crisis de acceso a la vivienda, uno de los principales problemas sociales del país.
