El Registro Único de Alquileres de Corta Duración entrará en vigor este 1 de julio en España con apenas el 50% de las viviendas turísticas registradas. Hasta ahora se han recibido 199.686 solicitudes, mientras que la oferta total alcanza las 396.000 unidades, según datos del INE obtenidos por web scraping en las principales plataformas online.
Del total de solicitudes, 90.046 ya fueron aprobadas, 17.596 rechazadas y 92.044 se encuentran en revisión. Málaga, Gran Canaria, Alicante, Baleares y Barcelona concentran la mayoría de las inscripciones. La nueva normativa obliga a contar con un número de registro para operar en plataformas digitales como Airbnb, Booking o similares.
El procedimiento exige a los propietarios presentar información detallada sobre el inmueble, como referencia catastral, dirección, tipo de alquiler y aforo. Una vez aprobado, se otorga un código obligatorio para publicar la propiedad en línea. Las plataformas deberán verificar esta información, realizar controles aleatorios y transmitir datos mensualmente a una ventanilla única digital.
Comunidades como Andalucía, Valencia, Canarias y Murcia presentaron recursos contra el decreto, alegando falta de diálogo y ausencia de mecanismos inspectivos. El consejero de Turismo andaluz, Arturo Bernal, cuestionó que “el Gobierno impone el decreto sin consenso con las autonomías”.
Con esta medida, España se convierte en el primer país de la UE en implementar el reglamento europeo que regula el alquiler turístico, buscando combatir el fraude y ordenar el crecimiento del sector.
