El Consell de la Comunitat Valenciana dio luz verde a un segundo decreto de simplificación administrativa que modifica o elimina 96 normas y que busca poner freno a la denominada hiperregulación, con efectos concretos en sectores clave como el turismo, la vivienda, la economía y los servicios públicos.
La norma, que entra en vigor el 1 de enero, deberá ser debatida posteriormente en Les Corts y se suma al primer decreto aprobado meses atrás. En conjunto, ambas medidas suponen la revisión de 149 normas y más de 1.300 artículos, con el objetivo de lograr una administración más ágil, moderna y eficiente.
Desde una mirada turística, el decreto resulta especialmente relevante porque reduce trámites, elimina duplicidades y facilita la actividad económica, creando un entorno más favorable para inversiones, proyectos estratégicos y operadores turísticos que trabajan en distintas comunidades autónomas. Entre los cambios destacados, se establece que las empresas con licencia en cualquier punto de España puedan operar en la Comunitat Valenciana sin necesidad de una nueva habilitación, reforzando así la unidad de mercado.
El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, explicó que la iniciativa tiene un alcance transversal y afecta a todas las áreas de gestión. En ese marco, subrayó que se acortan a la mitad los plazos para la concesión de licencias de obra, un punto clave para el desarrollo de infraestructura turística, alojamientos y servicios vinculados al sector. También se agilizan procesos sociales como el reconocimiento del grado de dependencia, al tiempo que se eliminan trámites innecesarios para la ciudadanía, como la presentación de certificados bancarios o ciertas renovaciones administrativas automáticas.
El decreto incorpora además herramientas tecnológicas innovadoras, como el uso de inteligencia artificial para detectar redundancias normativas, un sistema de control de la carga regulatoria y un buzón de propuestas para que empresas y ciudadanos sugieran mejoras. Estas medidas buscan reducir la burocracia, reforzar la seguridad jurídica y mejorar la interoperabilidad digital de la administración.
En materia de digitalización, se avanza en la asistencia presencial para la identificación y firma electrónica, especialmente en trámites de alto volumen, lo que permitirá acortar tiempos, reducir el uso de papel y minimizar errores, aspectos valorados tanto por residentes como por actores del sector turístico.
El texto se estructura en nueve títulos que abarcan áreas como economía, sanidad, educación, cultura, medioambiente, urbanismo, industria y turismo, confirmando el carácter integral de la reforma. En el caso turístico, las modificaciones apuntan a destrabar procedimientos, facilitar el cumplimiento normativo y mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad en la región.
Finalmente, el Consell prevé que el decreto sea debatido como proyecto de ley en Les Corts, con un plazo de 30 días para su tratamiento parlamentario. Según Barrachina, este proceso permitirá incorporar aportes de los distintos grupos políticos a una norma que consideran clave para el crecimiento económico y la competitividad del territorio, con efectos positivos también en el posicionamiento turístico de la Comunitat Valenciana.
