El Programa de Turismo del Imserso elevó el listón para las empresas adjudicatarias de sus viajes, imponiendo el régimen de sanciones más estricto de su historia. El objetivo es claro: garantizar que las ofertas realizadas se cumplan con total fidelidad y sin cambios a lo largo de toda la temporada.
Los nuevos pliegos dedican cinco páginas completas a detallar las penalizaciones por incumplimiento. Estas multas, que afectan al precio total del contrato, buscan asegurar que tanto los usuarios como el propio programa reciban exactamente lo prometido.
El sistema de sanciones es progresivo: la ejecución parcial de las estancias ofertadas podrá acarrear multas que oscilan entre el 1% y el 4% del valor del contrato, dependiendo del grado de incumplimiento. Las cifras son considerables, dado que los lotes adjudicados mueven millones de euros: 32 millones para la Costa Peninsular, 24 millones para la Costa Insular y 15,6 millones para turismo de escapadas y procedencia europea.
Los agentes turísticos, aunque reconocen la dureza del nuevo esquema, aplauden la medida. «Era necesario garantizar que lo prometido se cumpla de principio a fin. No se puede ofrecer algo y después cambiarlo sin consecuencias», afirman fuentes del sector. La posibilidad de enfrentarse a multas que, en casos graves, podrían alcanzar los 10 o incluso 20 millones de euros refuerza esta obligación.
Las causas de penalización son variadas: no ejecutar todas las plazas requeridas, alterar la distribución sin autorización, incumplir con la categoría de los hoteles ofrecidos, no reservar plazas para viajeros con mascotas, modificar vuelos directos por vuelos con escala, entre otras. Cada cambio no aprobado implicará fuertes sanciones económicas.
Con este nuevo marco, el Imserso envía un mensaje claro: la calidad y la seriedad en los viajes sociales no son negociables.
