Madrid está afinando los últimos detalles para implementar una normativa que pondrá freno al crecimiento descontrolado de los alquileres turísticos. El Consejo de Gobierno regional revisó el proyecto de decreto que, en línea con las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, busca ordenar la situación. Una vez aprobado, el documento se abrirá a consulta pública.
Entre los cambios más destacados se encuentra la responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento, quienes deberán tramitar la declaración responsable para comenzar la actividad, en lugar de los propietarios. Además, los ayuntamientos tendrán la capacidad de decidir si estos alojamientos pueden coexistir con el uso residencial en ciertas zonas.
Otra de las novedades del decreto es la prohibición de destinar a uso turístico las viviendas de protección pública o aquellas donde las normativas comunitarias lo impidan. Esta medida busca proteger los inmuebles destinados a personas vulnerables y asegurar su función social.
En cuanto a la supervisión, el Ayuntamiento reforzó su equipo de inspección, añadiendo 17 nuevos inspectores a los 16 actuales, con el objetivo de intensificar la vigilancia y mejorar la colaboración entre municipios para intercambiar información.
Finalmente, las sanciones para los infractores serán considerablemente más severas. El alcalde José Luis Martínez Almeida anunció que las multas por no acatar las órdenes de cese ascenderán a 30.000 euros, un incremento significativo frente a los 1.000 euros anteriores.
Actualmente, Madrid cuenta con 13.502 pisos turísticos registrados en plataformas, pero solo 1.008 de ellos tienen licencia oficial, según datos del Ayuntamiento.
