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Palma refuerza la convivencia ciudadana con una nueva ordenanza cívica

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El Ayuntamiento de Palma aprobó de manera inicial la nueva Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica, que regula aspectos como el uso de autocaravanas como viviendas, visitas turísticas masivas, circulación de patinetes sin seguro civil y comportamientos incívicos en la vía pública.

El alcalde Jaime Martínez destacó que esta normativa, consensuada tras recoger más de 100 propuestas de la sociedad civil, busca «garantizar tranquilidad vecinal, entornos más limpios y seguros».

La nueva normativa prohíbe acampar en vehículos fuera de zonas autorizadas y limita el estacionamiento de autocaravanas a un máximo de diez días en un mismo lugar. Además, se restringe su uso como vivienda con «signos de permanencia», imponiendo sanciones graves de 750 a 1.500 euros. Las infracciones podrán suspenderse en casos de vulnerabilidad social, desviándose a Servicios Sociales.

Por otro lado, las visitas guiadas se limitarán a grupos de 20 personas o cuatro vehículos rodados. Se prohíbe el uso de megáfonos y será obligatorio portar el carné oficial. Las infracciones, consideradas leves, conllevan multas de hasta 750 euros.

Los conductores de patinetes deberán contar con un seguro de responsabilidad civil (mínimo de 120.000 euros), usar casco y chaleco reflectante, y circular únicamente en vías de hasta 40 km/h, sin superar los 25 km/h. Las multas por incumplimientos oscilarán entre 40 y 600 euros, y las empresas de alquiler deberán ampliar sus seguros hasta 800.000 euros.

La ordenanza endurece las sanciones contra pintadas y grafitis en espacios públicos, con multas de hasta 3.000 euros por daños graves. También regula la colocación de carteles y pancartas, imponiendo sanciones de hasta 6.010 euros en casos graves. Asimismo, se castigará orinar o defecar en la vía pública con multas de hasta 1.500 euros, dependiendo del lugar.

Para garantizar su cumplimiento, se creará el Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP), con un enfoque preventivo y mediador. La normativa será sometida a pleno en diciembre y entrará en vigor en febrero de 2025.