Sindicatos y asociaciones vecinales reclaman mayor inversión pública ante el avance de los alquileres turísticos y la falta de vivienda asequible.
La UGT, CCOO y la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunitat Valenciana (CAVE COVA) solicitaron a la Generalitat Valenciana que destine, al menos, el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) regional —unos 2.770 millones de euros— a políticas de vivienda pública. La demanda fue presentada en un acto celebrado frente al Palau de la Generalitat, con el objetivo de hacer frente a la creciente dificultad de acceso a una vivienda digna en la región.
Los representantes sindicales denunciaron que la Comunitat Valenciana cuenta con solo un 2% de vivienda pública, muy por debajo del promedio europeo, que alcanza el 9%. Según indicaron, esta carencia, sumada a la liberalización del mercado del suelo y al auge de las viviendas turísticas, está expulsando a los residentes de los centros urbanos y encareciendo los precios del alquiler.
En la última década, el precio del alquiler en la región aumentó un 139%, superando los 1.000 euros mensuales por una vivienda de 80 metros cuadrados en ciudades como València o Benidorm. Esta cifra representa una carga significativa si se la compara con el salario mínimo interprofesional, que se sitúa en 1.184 euros.
Los colectivos también señalaron la necesidad de regular el alquiler turístico y aplicar la ley estatal de vivienda, a la que el gobierno autonómico se ha mostrado reticente. Según argumentaron, en otras ciudades como Barcelona, la aplicación de la normativa logró una reducción de hasta 100 euros mensuales en los precios de alquiler.
La problemática no solo afecta a residentes locales, sino que también plantea desafíos para el modelo turístico de la región. La falta de regulación y planificación puede derivar en un crecimiento desordenado, pérdida de identidad barrial y tensiones entre visitantes y comunidades locales.
