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Solo el 17% de las playas en España son aptas para personas con movilidad reducida

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En España, de las 3.600 playas existentes, solo 600 están adaptadas para personas con discapacidad, lo que pone de manifiesto la falta de infraestructuras adecuadas. Más del 80% de las playas no cumplen con los requisitos para personas con movilidad reducida, limitando su participación en la oferta turística.

El sector turístico español, que representa el 13% del PIB y genera el 14% del empleo, enfrenta el desafío de garantizar un modelo sostenible e inclusivo. En este contexto, durante el HIC Summit Ibiza 2024, Diego González, presidente de la Red Iberoamericana de Turismo Accesible, advirtió sobre el envejecimiento de la población, lo que podría transformar al turismo senior en una tendencia predominante.

González destacó que, debido a que el envejecimiento está asociado a menudo con discapacidad, el sector debe adaptarse para evitar una caída en la demanda de turismo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Fundación ONCE, más de 4 millones de personas en España viven con discapacidad, y aproximadamente el 50% de los mayores de 60 años también enfrentan esta realidad, lo que resalta la necesidad urgente de políticas inclusivas.

En este sentido, la sostenibilidad social se presentó como una clave fundamental del futuro del turismo. “Darle oportunidades a las personas con alguna discapacidad es también sostenibilidad”, afirmó González. Para él, la accesibilidad debe ser un principio básico en el turismo y no una característica adicional. Aunque el 15% de la población mundial sigue sin acceso al turismo de manera plena, la accesibilidad debe estar presente en toda oferta turística.

Diego González propone un cambio en el discurso: hablar de inclusión, no solo de accesibilidad. “Es esencial que los espacios turísticos se construyan pensando en todos, sin necesidad de preguntar por la accesibilidad”, afirmó, subrayando que la inclusión no debe ser una excepción, sino una condición implícita. La accesibilidad, más allá de ser una necesidad, es un derecho que contribuye a una sociedad más justa y equitativa, y debe ser impulsado por gobiernos, empresas y entidades del sector turístico.