La industria turística en Colombia atraviesa un escenario de alta actividad estacional, pero también de creciente incertidumbre frente al aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno, que alcanzó un incremento del 23%. Así lo explicó Eliana Santana, comunicadora social y especialista en turismo, en diálogo con Tres60.travel, donde analizó el contexto actual del sector y los desafíos que enfrenta de cara a los próximos meses.
Según detalló Santana, el cierre de 2025 y el inicio de 2026 estuvieron marcados por una fuerte afluencia turística asociada a las tradicionales temporadas altas del país, con eventos emblemáticos como la Feria de Cali, las fiestas de Pasto y la Feria de Manizales, que atraen tanto turismo nacional como internacional. Estas fechas suelen generar picos de ocupación hotelera y movimiento en destinos de la costa Caribe, la costa Pacífica y diversas ciudades del interior.
Sin embargo, más allá del repunte estacional, el sector continúa mostrando señales de desaceleración en términos generales. De acuerdo con los últimos datos oficiales del DANE correspondientes a octubre, los ingresos turísticos se ubicaron por debajo de los niveles de años anteriores, una tendencia que genera preocupación entre los actores de la industria.
En este contexto, el aumento del salario mínimo aparece como uno de los principales factores de tensión. Santana advirtió que el turismo es un sector intensivo en mano de obra, con operación continua los 365 días del año, lo que implica que cualquier incremento salarial tiene un impacto directo y significativo en los costos operativos. Hotelería, transporte turístico, gastronomía, seguridad y servicios complementarios se ven afectados de manera transversal.
“La mayoría de las empresas turísticas en Colombia son pequeñas y medianas, especialmente en hotelería, donde predominan establecimientos de menos de 50 habitaciones. Para estas pymes, el aumento representa una carga muy difícil de absorber”, explicó. A ello se suman los incrementos en alimentos, insumos, combustibles, transporte y cargas prestacionales, que en conjunto pueden elevar los costos totales por empleado por encima del 30%.
Santana señaló que las agremiaciones del sector habían propuesto un ajuste salarial más moderado, en línea con la inflación y con estudios técnicos previos, que estimaban un aumento de entre el 6% y el 7%. Sin embargo, la decisión final fue adoptada por decreto, sin contemplar plenamente las advertencias del sector empresarial.
Entre las consecuencias posibles, la especialista alertó sobre un incremento de la informalidad, la reducción de puestos de trabajo y ajustes en los precios finales para el turista. “Es probable que los costos se trasladen parcialmente a las tarifas, lo que podría afectar la competitividad del destino”, indicó, al tiempo que remarcó que ya se observan empresas que reducen horarios o modifican sus esquemas operativos para contener gastos.
Finalmente, Santana subrayó que existen movimientos gremiales, empresariales y políticos en curso, así como demandas judiciales contra la medida, aunque el impacto real comenzará a verse con mayor claridad entre los meses de enero y marzo. “El desafío será encontrar un equilibrio que proteja el empleo, garantice la sostenibilidad de las empresas y no deteriore la calidad de la oferta turística”, concluyó.
