El Ministerio del Interior le confirmó al sector turístico que no se solicitarán datos adicionales a los que ya están contemplados en los anexos del Real Decreto 933/2021, en relación con el nuevo registro de viajeros, cuya aplicación fue prorrogada recientemente hasta el 2 de diciembre. Esta información fue proporcionada por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) tras una reunión con el departamento encabezado por Fernando Grande-Marlaska y miembros del Consejo de Turismo de la CEOE.
Ante esta decisión, CEAV insistió en la necesidad de que Interior emita una instrucción o documento con valor legal para ofrecer al sector la «seguridad jurídica necesaria» en cuanto a la aplicación de esta normativa, garantizando que no se exigirán datos adicionales a los que ya se están recopilando.
Desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) se aclaró que no habrá más prórrogas para la adaptación al nuevo registro, por lo que el Real Decreto entrará en vigor definitivamente en la fecha establecida del 2 de diciembre. En este sentido, Interior también se comprometió a estudiar la posibilidad de desarrollar una orden ministerial que brinde mayor seguridad jurídica, aunque advirtió que sería un proceso largo y no se concretaría antes de la entrada en vigor de la norma.
CEAV defendió que el contenido del decreto debería adaptarse mediante una orden ministerial para limitar los datos que deben aportarse y excluir explícitamente a sectores como el MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones), el corporativo, los grupos de turistas y la actividad receptiva en general. Asimismo, la confederación reiteró su petición de excluir a las agencias de viajes del ámbito de aplicación del decreto, argumentando que no están incluidas en la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, de la cual deriva este Real Decreto, además de que su aplicación infringe la normativa de protección de datos y representa una carga desproporcionada para el sector.
La CEAV afirmó que seguirá defendiendo la exclusión de las agencias de viajes del decreto, ya que consideran que su aplicación carece de justificación legal. La entidad manifestó que este tipo de medidas no tiene precedentes en otros países europeos y que resulta poco razonable exigir este tipo de responsabilidades a las agencias.
Por su parte, el ministro Grande-Marlaska expresó su defensa a la legalidad del Real Decreto, indicando que pasó todos los informes pertinentes y no fue impugnado. En una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el ministro destacó que el Consejo de Estado no realizó ninguna observación sobre la norma, y que se tuvieron en cuenta tanto los derechos a la intimidad y privacidad como la necesidad de proteger la seguridad ciudadana.
Sin embargo, el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas, criticó el decreto, calificándolo como «absurdo» e inadecuado para su aplicación en España. Molas señaló que ningún otro país europeo implementó una normativa similar y sugirió que el ministro Marlaska, aunque bien intencionado, fue mal asesorado en este tema.
La reunión finalizó con un compromiso conjunto de colaboración estrecha entre el sector turístico y las autoridades, con el objetivo de mantener a España como un destino seguro y proteger tanto los intereses de la industria turística como la confianza de los visitantes y ciudadanos.
