La naviera Baleària ha presentado una demanda contra el Consell de Ibiza por el acuerdo aprobado el 28 de marzo que limita la entrada de vehículos en la isla, una medida impulsada con el objetivo de proteger la sostenibilidad turística. Sin embargo, la compañía considera que la restricción es un caso de greenwashing, es decir, una medida que simula compromiso ambiental sin generar beneficios reales, y solicita la nulidad de la medida. Además, pide al juez que plantee una cuestión de constitucionalidad. La restricción dejará de aplicarse el próximo 30 de septiembre, pero Baleària busca una resolución de fondo sobre la legalidad de la medida.
“El acuerdo del Consell es un despropósito político y de gestión y una chapuza jurídica. Esperamos que nuestros argumentos contribuyan a una reflexión colectiva y global”, declaró Adolfo Utor, presidente de la naviera.
Baleària advierte que la medida podría tener consecuencias negativas para un sector estratégico de la isla y que discrimina al transporte marítimo. Según Utor, “mientras que los pasajeros de barco deben cumplir con cupos, tasas y trámites engorrosos, los viajeros en avión compran sus pasajes y reservan su coche de alquiler sin ninguna restricción”. Además, señala la paradoja de que mientras en Europa se busca reducir vuelos a favor del transporte marítimo y ferroviario, en las Islas Baleares ocurre lo contrario, afectando tanto al medio ambiente como a la conectividad marítima.
La demanda de Baleària se suma a un recurso contencioso-administrativo que la naviera ya había presentado en mayo. También la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) anunció en julio su intención de recurrir la medida, que afecta la entrada de vehículos durante la temporada de verano.
Derechos fundamentales y alegatos de Baleària
La naviera sostiene que la restricción vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad (al discriminar entre no residentes propietarios y no propietarios) y el derecho a la movilidad, al limitar la circulación en territorio español.
Según Baleària, los informes técnicos y jurídicos que respaldan la demanda concluyen que la medida no aporta beneficios ambientales reales y genera un sacrificio económico al transporte marítimo. Asimismo, consideran que aborda de manera parcial un problema que requiere de mayor rigor técnico y jurídico.
El fundamento principal de la demanda es un informe de la Universidad Jaume I de Castellón, que concluye que la medida es inadecuada tanto desde el punto de vista técnico como jurídico. El informe señala que se trata de un greenwashing normativo, ya que proyecta una imagen de compromiso ambiental mediante restricciones formales, pero sin efectividad real.
Alternativas y críticas técnicas
El documento también destaca que la medida no afecta a la principal fuente de congestión de la isla: los vehículos de residentes. Propone alternativas menos restrictivas, como zonas de bajas emisiones o mejoras en el transporte público.
Además, el informe critica el diseño de la medida, que no prevé mecanismos de control ni seguimiento y no diferencia entre tipos de vehículos, ignorando la contaminación real de cada uno. Por ejemplo, no distingue entre un vehículo de cero emisiones y uno altamente contaminante, ni permite determinar si un coche está matriculado en la isla o no.
Según la consultora Meteoclim, que respaldó los hallazgos con datos científicos, la medida no tendría efectos positivos ni sobre el medio ambiente ni sobre la movilidad, pero sí generaría perjuicios a corto y largo plazo para el transporte marítimo en Ibiza.
