El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano expresó una fuerte alerta por la iniciativa del Gobierno de Quintana Roo que propone aumentar un 25% el Visitax y convertir a hoteles y prestadores de servicios turísticos en retenedores obligados del cobro. Según el sector, esta medida representa un golpe directo a la competitividad, genera incertidumbre jurídica y contradice los principios del Plan México.
Desde la entidad señalan que, lejos de mejorar la recaudación, este esquema encarece la experiencia del viajero, debilita la confianza de inversionistas y proveedores, y amenaza el principal motor económico del estado. En un contexto donde otros destinos reducen impuestos para atraer turistas, advierten que este incremento coloca a México en una desventaja clara frente a la región, especialmente en zonas donde la demanda es muy sensible a incrementos de costos.
Los hoteleros remarcan también que existe una inviabilidad operativa: las tarifas ya fueron negociadas con meses de anticipación y no pueden modificarse para incorporar un cargo adicional. Además, dispersar la cobranza entre miles de prestadores abre la puerta a cobros indebidos, confusión para el visitante y problemas que afectan la imagen del destino.
El impacto sería aún mayor en zonas como Chetumal y Bacalar, donde el Visitax para una pareja puede equivaler a casi una noche de hospedaje, afectando de manera directa a hoteles accesibles y a pequeños negocios familiares. También advierten que esta medida podría poner en riesgo el modelo multidestino que distingue al Caribe Mexicano.
A nivel jurídico, el Consejo subraya que la propuesta es inconstitucional. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que no puede haber responsabilidad solidaria sin una relación directa con el hecho imponible. Obligar a los hoteles a recaudar un derecho derivado del uso de infraestructura pública, ajena al servicio de hospedaje, constituye –afirman– una delegación indebida de funciones del Estado.
Finalmente, el sector pide al Gobierno estatal que reconsidere la iniciativa, porque debilita la base económica del turismo sin garantizar mejores finanzas públicas. Ratifican su compromiso con el desarrollo de Quintana Roo, pero aclaran que no puede hacerse a costa de la sostenibilidad del sector turístico.
