El Ministerio del Interior decidió retrasar nuevamente la entrada en vigor del registro de viajeros establecido en el Real Decreto 933/2021, que estaba programado para el 1 de octubre, posponiéndolo hasta el 2 de diciembre. La razón de este aplazamiento es facilitar la interconexión y transmisión de datos entre los establecimientos ubicados en las comunidades autónomas que cuentan con cuerpos de policía autonómicos, según informó el Ministerio.
Durante este proceso, el Ministerio, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, mantuvo un diálogo constante con los sectores afectados para ayudarlos a adaptarse a la nueva normativa y a la plataforma de registro de datos.
El retraso fue recibido con alivio por parte de la industria turística, que expresó preocupaciones sobre la normativa. Entre las principales críticas están su posible conflicto con las normativas de la Unión Europea, el riesgo de inseguridad jurídica, desventaja competitiva en el mercado, y la carga administrativa que supondría para las empresas, en especial para las pymes, que representan el 95% del sector.
El sector turístico, tanto en España como en otros países europeos como Bélgica y los Países Bajos, también hizo saber su preocupación por la falta de claridad en el manejo de la información requerida y la protección de la privacidad de los turistas. Varias organizaciones turísticas europeas expresaron su oposición al decreto, argumentando que podría aumentar los costos para el sector y, en consecuencia, encarecer las vacaciones.
El Real Decreto 933/2021 exige que se compartan datos específicos sobre las reservas, como el número de referencia, fechas de reserva y estancia, detalles del establecimiento, número de viajeros y tipo de pago. Además, los datos del reservante, como su nombre, documento de identidad y datos de contacto, también deberán ser comunicados.
