En un movimiento controvertido, la Cámara de Diputados de México aprobó una reforma a la Ley Federal de Derechos 2025 que elimina la exención de pago de derechos migratorios para turistas extranjeros que arriban al país a través de cruceros internacionales. El nuevo cobro, conocido como «derecho de no residente», exige un pago de aproximadamente 575 pesos mexicanos (alrededor de 28-29 dólares) a cada turista que desembarque en puertos mexicanos, independientemente de la duración de su estadía.
Este cambio, que busca aumentar la recaudación fiscal y reforzar el control migratorio, generó un fuerte rechazo por parte de la industria turística y las navieras internacionales. Durante la tradicional columna que tiene en Tres60.Travel, Armando de la Garza, director de México Extraordinario, dijo que «este derecho no es un impuesto, lo que significa que los fondos no están etiquetados para un destino específico dentro del sistema fiscal mexicano. Es algo que causó mucha molestia en la industria turística de México, porque en lugar de destinarse a la promoción turística o la sostenibilidad, el 60% de los ingresos recaudados será canalizado hacia la Secretaría de Defensa y el 40% restante a la Marina«, dijo.
Impacto en el turismo y reacciones del sector
La industria turística mexicana, que recibe aproximadamente 7 millones de turistas cruceristas al año, teme un impacto negativo en la competitividad del país como destino. Armando destacó que los cruceristas generan un importante derrame económico al consumir alimentos, bebidas y productos locales en los puertos. Sin embargo, el cobro adicional podría disuadir a algunas compañías navieras de incluir a México en sus itinerarios.
Además, el hecho de que el dinero no sea reinvertido en los puertos ni en la infraestructura turística causó indignación. Armando señala que “incluso una pequeña fracción destinada a los puertos beneficiados sería un alivio, pero los recursos serán completamente desviados hacia fines militares”.
Comparación internacional y futuro de la Ley
Aunque medidas similares existen en países como Italia o los Países Bajos, donde los fondos recaudados son utilizados para sostenibilidad y conservación, el caso mexicano difiere significativamente al priorizar objetivos no turísticos.
Por ahora, la reforma ya fue aprobada por ambas cámaras legislativas y está lista para entrar en vigor. Sin embargo, expertos como Armando creen que esta decisión podría causar una disminución en la llegada de cruceros y afectar negativamente a los negocios locales. Al tratarse de un «derecho» y no de un impuesto, las posibilidades legales para oponerse son limitadas bajo la legislación mexicana actual.
Para finalizar, Armando de la Garza señaló que la comunidad turística espera que el gobierno revise esta medida que puede generar consecuencias muy negativas dentro del desarrollo de la actividad en México.
